Anteproyecto de Ley 60.

Resumen.

El anteproyecto tiene por objeto modificar la Ley de Justicia Comunitaria de Paz de la República de Panamá. Su artículo 1 plantea hacer más accesible y eficiente la administración de justicia, eliminar malas prácticas de los jueces de paz y fortalecer la independencia, la imparcialidad y la transparencia de la justicia comunitaria. El artículo 2 define la justicia comunitaria como un sistema alternativo de resolución de conflictos basado en la participación de la comunidad y orientado a la conciliación y al acuerdo entre las partes.

El artículo 3 enuncia principios para la justicia comunitaria en Panamá. Los jueces de paz ejercerían sus funciones sin influencias externas y tratarían a las partes por igual, sin discriminación ni sesgo. La justicia comunitaria proporcionaría información solicitada cuando no fuese restringida o confidencial. El texto propone atención pronta y resolución expedita de los conflictos, trámites escritos y procedimientos sencillos, consideración del contexto local y de los derechos humanos, iguales oportunidades para presentar los casos y acceso gratuito a los servicios.

El texto incluido a continuación plantea un sistema de grabación de audiencias, accesible a las partes y, excepcionalmente, a otras personas con interés legítimo. También permitiría instalar cámaras con audio en las salas de audiencias de los juzgados de paz, previa autorización judicial y con garantías de protección de datos personales. En las modificaciones propuestas a la Ley 16 de 2016, la jurisdicción especial se ejercería mediante el juez de paz y el mediador comunitario. Su estructura incluiría al alcalde, la Comisión Técnica Distrital, la Comisión Interinstitucional y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.

Cada municipio llevaría estadísticas de los asuntos conocidos por las casas de justicia de paz, incluidos los atendidos por mediadores comunitarios, con datos sobre casos, conflictos, audiencias y sanciones. La Comisión Técnica Distrital revisaría esas estadísticas; el alcalde las publicaría periódicamente y enviaría un informe trimestral a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos dentro de la semana siguiente al vencimiento del período. Cada casa tendría, como personal mínimo, un juez de paz, un secretario y un oficinista/notificador; podrían hacerse otros nombramientos según la conflictividad y el presupuesto municipal.

Las modificaciones también fijarían para los aspirantes a juez de paz una edad superior a veinticinco años y la culminación satisfactoria de tres años de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. La Comisión Técnica Distrital evaluaría documentos y entrevistaría a los aspirantes remitidos por el alcalde, para que este seleccione y nombre al juez por cinco años. En distritos de cinco corregimientos o más, el alcalde podría delegar mediante decreto la sustanciación de determinados procesos sancionatorios, con al menos un funcionario de cumplimiento por cada cinco corregimientos. El contenido se relaciona con los municipios, los servicios de mediación comunitaria, quienes acuden a la justicia de paz y las entidades públicas citadas.