Proyecto de Ley 113.

Resumen.

El proyecto propone crear el sello de marca país agropecuario «Panamá Produce+» para productos agrícolas y pecuarios de Panamá, incluidos los orgánicos, los de comercio justo y los que tienen denominación de origen. Define el distintivo como una certificación de calidad, autenticidad y sostenibilidad. Sus objetivos comprenden fortalecer la identidad y competitividad de esos productos, promover prácticas sostenibles, aumentar las exportaciones y fomentar su valoración. La administración del sello quedaría sujeta a la ley propuesta y a su reglamentación.

Crea el Comité de Marca País Agropecuario, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y presidido por un representante de este. Lo integrarían representantes del Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Relaciones exteriores, la Autoridad de Turismo de Panamá, la Agencia Panameña de Alimentos, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, asociaciones de productores, la sociedad civil y la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Comité desarrollaría la identidad visual y el eslogan; ejecutaría campañas nacionales e internacionales; promovería certificaciones, innovación y buenas prácticas; y supervisaría y evaluaría la estrategia. También impulsaría tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles, con promoción en medios tradicionales y digitales, ferias y eventos.

Los productores certificados podrían acceder a los incentivos fiscales que implemente el Ministerio de Economía y Finanzas. Este ministerio, junto con el Comité, tendría un máximo de seis (6) meses desde la promulgación para desarrollar e implementar el programa correspondiente. El Ministerio de Comercio e Industrias y el Comité facilitarían su participación en misiones comerciales, ferias internacionales y programas de exportación. El proyecto prevé capacitación y asistencia técnica en sostenibilidad, tecnología, calidad y comercialización, además de campañas educativas para consumidores. Establece monitoreo continuo del cumplimiento de estándares y del impacto del sello. El Comité presentaría informes anuales al Ministerio de Desarrollo Agropecuario sobre resultados, exportaciones, certificaciones y prácticas productivas, y promovería alianzas con organismos internacionales, ONG, instituciones académicas y empresas para obtener cooperación técnica y financiera.

Para elaborar el distintivo, el Comité convocaría un concurso público abierto a diseñadores gráficos, artistas y estudiantes nacionales e internacionales. La convocatoria fijaría criterios sobre identidad agropecuaria, sostenibilidad, calidad, autenticidad, reconocimiento visual y elementos representativos de Panamá. Un jurado con especialistas en diseño, representantes agropecuarios, miembros del Comité y representantes de la sociedad civil elegiría el diseño. La propuesta ganadora recibiría reconocimiento económico y certificado oficial, y se mencionaría a su autor en las presentaciones oficiales. El diseño se registraría ante la Dirección General de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Solo podrían usar el sello los productos que cumplieran los estándares fijados por el Comité; el reglamento detallaría las reglas de aplicación. Se prevén publicidad, ferias, exposiciones, misiones comerciales y materiales impresos y digitales para difundirlo.

El financiamiento procedería de asignaciones anuales en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cooperación internacional y alianzas público-privadas. Las tarifas por certificación y uso del sello financiarían su supervisión, promoción y mejora; sus ingresos se reinvertirían en capacitación, investigación, desarrollo e infraestructura agropecuaria. El Comité supervisaría la implementación junto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que incorporaría una oficina de «Panamá Produce+» a su estructura y atendería la plataforma digital. El Órgano Ejecutivo, por conducto de ese ministerio, reglamentaría la ley propuesta en un plazo no mayor de seis meses desde su promulgación. El proyecto dispone que comenzaría a regir al día siguiente de su promulgación.

El contenido relaciona a las instituciones públicas integrantes del Comité y a las encargadas de incentivos, comercio y registro industrial. Podría interesar a productores agropecuarios, asociaciones del sector, diseñadores, consumidores, empresas vinculadas a la comercialización y exportación, e instituciones académicas de Panamá.