Proyecto de Ley 90.

Resumen.

El proyecto establece un régimen para el uso obligatorio de cámaras corporales por la Policía Nacional y el tratamiento jurídico de sus grabaciones audiovisuales. Define la cámara como un dispositivo incorporado al uniforme, con batería recargable y almacenamiento local; define también los drones y señala los rangos policiales comprendidos cuando desempeñen las funciones enumeradas. Los agentes deben portar la cámara y grabar sus actuaciones de mantenimiento del orden público, respuesta a emergencias, investigación preliminar, vigilancia, control del tránsito, ejecución de órdenes y mediación de conflictos. Entre las órdenes comprendidas figuran las judiciales y las del Ministerio Público o las Casas Comunitarias de Paz. Deben registrarse asimismo los usos de la fuerza, las llamadas por delitos en curso, determinadas interacciones con personas y los registros y allanamientos de personas y bienes. Se excluye la grabación de encuentros delicados, como los relativos a informantes confidenciales, víctimas de delitos sexuales y registros al desnudo, así como cuando interfiera con operaciones sensibles.

Los sistemas de registro y almacenamiento deben preservar la integridad de los vídeos para posibles investigaciones administrativas, penales, civiles o judiciales. Cada grabación debe incluir fecha, hora y ubicación exacta. Los vídeos se eliminan después de dos años, salvo los requeridos como prueba en investigaciones o procedimientos judiciales, que se conservan hasta su finalización. Los agentes reciben capacitación periódica sobre aspectos técnicos, legales y éticos; la reglamentación determina su periodicidad, y la Policía Nacional establece mecanismos de supervisión y auditoría. Los agentes deben avisar al público que está siendo grabado, excepto cuando hacerlo comprometa la seguridad o impida una investigación, y no necesitan consentimiento para grabar.

Las actuaciones sujetas a grabación deben registrarse de principio a fin. Ante una solicitud del público, el agente puede apagar la cámara, aunque puede seguir grabando si considera inseguro o desaconsejable detenerla; no puede apagarla mientras un presunto autor permanezca en la escena. En asuntos de rutina, los policías pueden revisar sus vídeos antes de preparar informes o procedimientos judiciales. En tiroteos, casos de uso de la fuerza o alegaciones de mala conducta, el supervisor encargado de la investigación puede restringir el momento de acceso, incluso antes de una declaración oficial.

El servidor público policial que modifique, oculte o elimine grabaciones sin orden previa y legal del Ministerio Público, o altere los sistemas, queda sujeto a las penas correspondientes del Código Penal y a destitución administrativa. Las grabaciones se almacenan en un sistema seguro y centralizado; solo accede personal autorizado para investigación, supervisión y formación. La Policía Nacional debe entregar al Ministerio Público, sin excepción, los vídeos con pruebas de un caso penal. El proyecto atribuye a los vídeos validez en procesos judiciales y administrativos e investigaciones penales, y dispone que los fiscales los proporcionen a los acusados.

Los ciudadanos pueden solicitar vídeos mediante un formulario en el sitio web de la Policía Nacional, con límites vinculados a investigaciones en curso, privacidad y seguridad. Se permiten ediciones para proteger la privacidad conforme a la ley de protección de datos personales; se prevé acceso expedito, una opción relativa al vídeo sin editar para ciudadanos involucrados en investigaciones y una restricción para vídeos donde aparezcan principalmente menores de edad. La Policía Nacional debe publicar vídeos de incidentes críticos dentro de los 30 días calendario, con las excepciones judiciales o de visionado previo previstas. Puede proteger la privacidad antes de publicarlos y conserva una versión sin editar. Los vídeos de drones reciben el mismo tratamiento y valor jurídico, siempre que los drones estén registrados internamente. El proyecto comenzaría a regir en el siguiente periodo fiscal a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. Su contenido relaciona a la Policía Nacional, el Ministerio Público y las Casas Comunitarias de Paz, e interesa a agentes policiales, personas intervenidas y participantes en procesos judiciales y administrativos.