Proyecto de Ley 149.

Resumen.

El proyecto propone reconocer para toda persona y colectividad el derecho a disponer de alimentos adecuados, nutritivos, suficientes y de calidad, sin discriminación ni condicionamientos. Define conceptos como canasta normativa, autosuficiencia y soberanía alimentaria, desperdicio de alimentos y grupos de atención prioritaria. Vincula el ejercicio del derecho con el acceso físico y económico a los alimentos, la sostenibilidad de su producción y el acceso al agua. Su protección se plantea en los términos de la Constitución Política y los tratados de derechos humanos de los que Panamá sea parte. Las autoridades actuarían dentro de sus competencias y con los recursos expresamente aprobados. El Estado asignaría recursos a los municipios; estos planificarían con las Juntas Comunales, promoverían la participación ciudadana, almacenarían alimentos para personas en riesgo y apoyarían comedores comunitarios. Se prohíbe a los servidores públicos actuar por intereses ajenos a los fines de la propuesta.

Los municipios desarrollarían políticas de alimentación para la niñez y los grupos prioritarios, en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Educación. El proyecto prevé alimentación escolar gratuita según las condiciones de vulnerabilidad, suministro de alimentos preferentemente frescos y agua potable, y educación comunitaria sobre nutrición y producción sostenible. Reconoce el consumo diario de los componentes de la canasta normativa; el Ministerio de Salud elaboraría anualmente su listado. Prohíbe condicionar su suministro por motivos discriminatorios. Los municipios coordinarían mercados de abasto y agroferias, establecerían comedores con las Juntas Comunales y centros educativos, y el Ministerio de Salud verificaría condiciones sanitarias y de funcionamiento.

En materia de abastecimiento, los municipios impulsarían la distribución, la infraestructura, las reservas alimentarias y la reducción de pérdidas. Las conductas que afecten la competencia en las cadenas alimentarias se comunicarían a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Se prohíbe utilizar sustancias dañinas en la producción, transporte, almacenamiento o empaque. La propuesta fija objetivos para la producción sostenible, incluidos el apoyo a productores de pequeña y mediana escala y la preservación de técnicas tradicionales. Los programas productivos incorporarían planes de gestión de excedentes y almacenes por distrito. El Órgano Ejecutivo y los gobiernos locales promoverían la prevención del desperdicio; los establecimientos comerciales no podrían desechar alimentos aptos para consumo humano.

Se crea el SIMUNAN como instancia de colaboración para coordinar políticas, recursos, rescate de alimentos y planes de comedores. Su consejo reuniría representantes públicos, sociales, privados y de productores; celebraría reuniones al menos una vez al mes. El Consejo del SIMUNAN contaría con un secretariado técnico y comisiones de trabajo, incluida la Comisión de trabajo para la Estrategia Nacional de Alimentación y el Comité de Prevención de Conflicto de Interés. Los Comités de Alimentación permitirían la participación local, previa capacitación de al menos un integrante y constitución mediante asamblea pública; podrían planificar acciones y vigilar actuaciones municipales.

El incumplimiento de las obligaciones daría lugar a sanciones administrativas según la autoridad y las normas aplicables, sin excluir responsabilidad civil o penal. El proyecto dispone su entrada en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta Oficial y fija plazos para convocar la elaboración del reglamento, instalar el Consejo Intersectorial y efectuar adecuaciones legislativas. Su ejecución quedaría sujeta a los presupuestos aprobados. Por su contenido, interesaría a las autoridades municipales y educativas, los servicios de salud y asistencia social, las comunidades, los productores agropecuarios, los distribuidores y los comercios de alimentos.