Proyecto de Ley 109.

Resumen.

El proyecto modifica el objeto de la Ley 70 de 2012 para incluir la prevención, erradicación y sanción del maltrato, el abandono y los actos de crueldad contra los animales domésticos, junto con la promoción de su bienestar y protección integral. Prohíbe la experimentación y las pruebas en animales con fines comerciales o cosméticos. Permite su comercio cuando la exhibición y venta se hagan en locales adecuados para cada especie y conforme a los reglamentos sanitarios; prohíbe venderlos en las vías públicas.

Establece medidas zoosanitarias para quienes poseen animales domésticos. Deben recoger sus excrementos en vías públicas o predios privados, darles acceso a agua y alimentos, permitirles moverse y descansar cuando estén amarrados, mantener visible y al día su registro de vacunación o control veterinario, disponer higiénicamente de sus cadáveres y protegerlos de riesgos y de las inclemencias del tiempo. Ante maltrato, explotación o negligencia por parte de criaderos, comercios o particulares, la autoridad competente puede imponer multas, ordenar cierres, prohibir la adquisición o tenencia de nuevos animales, ordenar terapias al presunto agresor y exigir participación en programas educativos. El proyecto modifica además las multas y el trabajo comunitario aplicables a las faltas que identifica mediante referencias al artículo 15 de la Ley 70 de 2012.

Dispone la colaboración entre las entidades encargadas de aplicar esa ley. Encarga al Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y organizaciones de protección animal, programas en escuelas y comunidades y campañas en medios de comunicación. Promueve campañas permanentes de adopción y mecanismos para denunciar anónimamente el maltrato por teléfono o mediante plataformas digitales. Crea el Fondo Especial para el Bienestar Animal, financiado con multas por infracciones a la ley, para programas de protección, albergues y centros de rehabilitación.

Exige que la eutanasia de animales domésticos la practiquen veterinarios idóneos mediante métodos instantáneos e indoloros, y prohíbe los que causen sufrimiento. Establece condiciones de alimentación, descanso y trabajo para los animales utilizados en labores. Encomienda al Ministerio de Desarrollo Agropecuario un plan nacional de educación y concienciación, y a las autoridades competentes inspecciones periódicas de criaderos, comercios y otras instalaciones. El Ministerio Público, la Policía Nacional y las autoridades municipales deben aplicar las sanciones de la ley y del Código Penal mediante capacitación, una unidad especial de investigación, seguimiento de denuncias, campañas y colaboración institucional. El Órgano Ejecutivo debe reglamentar la ley dentro de los ciento ochenta días de su entrada en vigor, prevista para el día siguiente al de su promulgación.

El contenido se relaciona con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las autoridades municipales; podría interesar a propietarios de animales, criaderos, comercios de animales, veterinarios, organizaciones de protección animal y establecimientos que utilizan animales domésticos en labores.