Proyecto de Ley 80.

Resumen.

El proyecto dispone que el Municipio de Panamá y el Ministerio de Cultura identifiquen, mediante un plan parcial, las zonas de interés arquitectónico dentro del polígono que comprende El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Curundú. La identificación abarca terrenos, edificaciones, viviendas, apartamentos, locales comerciales y otras estructuras. Ambas entidades establecerían un plan de renovación urbana y recuperación. Para la aplicación de la propuesta, el corregimiento de San Felipe queda exceptuado de la zona homogénea territorial ZH01 descrita en el Acuerdo Municipal 61 de 30 de marzo de 2021, mediante el cual el Consejo Municipal de Panamá aprobó el primer plan local de ordenamiento territorial del distrito. La ejecución del plan se circunscribe a edificaciones de arquitectura vernácula, colonial, neoclásica y moderna, entre otras. Sus finalidades incluyen la coexistencia armoniosa, la dinamización económica, la inversión pública y privada, el paisajismo urbano, la calidad de vida y la vivienda asequible.

El texto define las intervenciones y los sujetos relevantes para su aplicación, entre ellos acondicionamiento, conservación, demolición, recuperación, remodelación, renovación urbana, rehabilitación integral, restauración, propietario, arrendatario e inversionista. También define los planes parcial y local de ordenamiento territorial, los usos del suelo e institucional y la zona homogénea. Las entidades bancarias y financieras, así como los propietarios e inversionistas que desarrollen obras de reconstrucción, rehabilitación, recuperación o demolición en los cuatro corregimientos, se acogerían a los beneficios de la Ley 136 de 2013. Los arrendatarios con contrato de alquiler en debida forma que resulten afectados por esas obras también podrían acogerse a sus incentivos.

El Ministerio de Vivienda y ordenamiento Territorial reubicaría a ocupantes no propietarios de edificaciones ruinosas, inhabitables o de habitación riesgosa declaradas por el Sistema Nacional de Protección Civil o el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cuando los propietarios se acojan a los beneficios y realicen las obras previstas dentro del año siguiente a la entrada en vigencia. Los ocupantes deberán acreditar su ocupación inmediatamente anterior a la consideración del inmueble para las obras. El inquilino con contrato y pagos al día tendría un plazo improrrogable de seis meses para desocupar después de la notificación y la aprobación municipal de los planos del anteproyecto.

Cuando la recuperación o rehabilitación no requiera desocupación, el propietario deberá avisar del aumento del canon al inquilino que esté al día. El aumento se aplicaría seis (6) meses después de terminadas las obras, no superaría el 25% del canon anterior y permanecería fijo por 3 años. Quien no pueda asumirlo tendría hasta un año para reubicarse. Las personas de la tercera edad tendrían prioridad para permanecer, si ello no afecta su salud, o serían reubicadas; las mayores de 75 años con pagos al día podrían conservar vitaliciamente el mismo canon, sin transmisión de ese beneficio a sus familiares. Estas reglas se aplicarían a inversiones efectuadas durante el año siguiente a la entrada en vigencia.

El uso indebido del préstamo hipotecario preferencial y el abandono de obras acogidas a incentivos darían lugar a multas iguales al beneficio obtenido. Si la obra no se reinicia seis (6) meses después de la multa por causas imputables al propietario o inversionista, procedería la devolución al Tesoro Nacional de beneficios recibidos, con intereses. El Municipio de Panamá, mediante la Dirección de Obras y Construcciones, y el Ministerio de Cultura investigarían los hechos; la decisión admitiría reconsideración y apelación. Finalmente, se modifica el artículo 30 de la Ley 136 de 2013 para fijar quince (15) años de ejecución, una posible prórroga de cinco (5) años y aplicación retroactiva a proyectos iniciados 4 años antes. El Órgano Ejecutivo reglamentaría la ley propuesta. Su contenido interesaría a las entidades públicas mencionadas y a los sectores de vivienda, construcción, financiamiento, arrendamiento y conservación urbana.