Proyecto de Ley 178.

Resumen.

El proyecto establece principios de transparencia, responsabilidad, legalidad, participación ciudadana y equilibrio entre representantes públicos y privados para entidades agropecuarias financiadas por el Estado. Define las ferias y sus modalidades, los patronatos, la Asamblea de Patronos, el productor nacional, el voto de calidad y la junta interventora. Abarca exposiciones culturales, culinarias, artesanales, industriales y agropecuarias, y clasifica las ferias en tres niveles según su alcance y complejidad.

Atribuye al Ministerio de Desarrollo Agropecuario la dirección de las políticas aplicables a las entidades financiadas con fondos públicos. El ministro reconocería las asambleas de patronos y ratificaría las juntas directivas feriales. Dentro del ministerio crea la Comisión Nacional de Ferias, denominada CONAFER, para dirigir, coordinar, regular, fiscalizar y promover ferias en Panamá. La comisión elaboraría y divulgaría el calendario oficial, revisaría informes, tramitaría reclamos y solicitaría medidas frente a incumplimientos. Integraría autoridades del sector agropecuario, comercio y turismo, presidentes de patronatos y el director de ferias. Su junta directiva incluiría representantes feriales elegidos por dos (2) años. También se prevén asesores y miembros no funcionarios ad honorem, con reembolso de gastos acreditados.

El MIDA asignaría partidas presupuestarias para las ferias según su categoría y la presentación de informes, especialmente los financieros; la falta de informes impediría tramitar los cobros de aportes estatales. El proyecto crea la Dirección Nacional de Ferias dentro del ministerio. Los patronatos gestionarían los eventos y administrarían y protegerían los bienes entregados en uso o usufructo y los generados por sus actividades. Deberían organizar la logística, seleccionar expositores, programar actividades, observar las normas aplicables y reservar para productores nacionales una superficie no inferior al sesenta por ciento (60%) de cada feria. Las reglas alcanzarían a entidades existentes y futuras que reciban fondos estatales, incluso por conducto de otras entidades públicas.

Los representantes privados actuarían ad honorem durante un solo período de dos (2) años. Se establecen impedimentos por vínculos contractuales, parentesco y participación en el período anterior, así como prohibiciones de contratar con miembros del patronato o sus familiares. Se prohíbe a las autoridades locales autorizar determinadas ventas y actividades similares durante las ferias internacionales y nacionales en el mismo distrito, hasta una distancia de 3 kilómetros de radio. La Asamblea de Patronos reuniría representantes públicos y privados; el texto menciona al Ministerio de Comercio e Industria, la Autoridad de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, asociaciones cívicas y organizaciones productivas. Fija cargos y representación legal de las juntas directivas, causales de cese, reuniones mensuales, quórum y votación. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República asistirían a las reuniones con voz. Las entidades comprendidas adaptarían sus estructuras en un plazo no mayor de un (1) año.

Distingue informes de actividades, financieros y de administración del patronato. Sus entregas serían, respectivamente, un mes o treinta (30) días después de la feria, dos meses o sesenta (60) días después de ella y anualmente al treinta y uno (31) de diciembre, con una excepción de plazo para determinadas ferias internacionales. El ministerio publicaría todos los informes; los patronatos de primer y segundo nivel también los publicarían en sus páginas web. Cualquier persona podría reclamar por incumplimientos. El ministerio podría suspender, intervenir o disolver patronatos y adoptar medidas correctivas, restrictivas o extensivas. La Contraloría General de la República practicaría auditorías y, ante lesión patrimonial, el ministerio acudiría a la Fiscalía de Cuentas.

El MIDA tendría un año desde la promulgación para reorganizar los reglamentos feriales. El proyecto se declara complementario de la Ley 316 de 2023, deroga las disposiciones contrarias y, expresamente, el Decreto Ejecutivo NO.84 de 1997 y sus modificaciones; entraría en vigor desde su promulgación. Por su contenido, se relaciona con el Órgano Ejecutivo, las entidades de control y los sectores de producción agropecuaria, comercio, turismo, cultura, artesanía e industria.