Proyecto de Ley 238.

Resumen.

El proyecto establece como objetivos crear el Sistema Nacional de Estadística Educativa (SINEE), ordenar la recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión de estadísticas educativas, facilitar el acceso público a información actualizada y apoyar las decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Define la arquitectura tecnológica, los datos abiertos, los datos e indicadores educativos y el portal de datos. Concibe el sistema como una red interinstitucional dirigida por el Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Participarían instituciones educativas públicas y privadas, universidades, institutos técnicos y otras entidades del sector. Su organización combinaría autonomía operativa institucional con estándares y protocolos comunes.

La Oficina de Estadística, adscrita al despacho superior del Ministerio de Educación, gestionaría el sistema como unidad técnica especializada. Le correspondería establecer normas técnicas y metodologías, aplicar controles de calidad y coordinar a las instituciones participantes, con un equipo de estadística, informática, análisis de datos y gestión educativa. El Sistema Nacional de Estadística Educativa reuniría indicadores de las distintas dimensiones de la educación. Para acceso y cobertura, mediría matrícula, paridad de género, transición entre niveles, distribución territorial de servicios, brechas de oferta, exclusión y barreras de acceso. Los resultados se desagregarían hasta el nivel de corregimiento, además de género, nivel socioeconómico, grupos poblacionales, tipo de gestión y modalidad educativa.

El sistema publicaría información sobre calidad educativa: evaluaciones nacionales e internacionales, aprendizajes, certificación, formación y desempeño docente, clima escolar, participación de la comunidad educativa, satisfacción de usuarios e impacto de políticas. También seguiría las trayectorias y la eficiencia mediante datos de promoción, repitencia, deserción, rezago, conclusión, transición, costos y uso de recursos. La evaluación de recursos comprendería edificios, servicios, seguridad, accesibilidad, materiales, tecnología, conectividad, personal, gasto, presupuesto y financiación. Los indicadores de equidad abarcarían diferencias socioeconómicas, geográficas, de género y entre grupos poblacionales, así como apoyos, distribución de recursos y efectos de las políticas inclusivas.

Las instituciones educativas deberían utilizar registros digitales estandarizados, designar responsables de datos, actualizar la información conforme a calendarios y verificarla antes de incorporarla al sistema. La Oficina de Estadística Educativa establecería los protocolos y formatos aplicables. El proyecto prevé un Portal Nacional de Datos Educativos con búsqueda, visualización, descarga, análisis interactivo y reportes; exige interoperabilidad, seguridad y protección de información sensible. Los datos públicos podrían utilizarse para investigación, planificación y evaluación bajo licencias de uso responsable. El acceso a datos confidenciales estaría sujeto a protocolos y autorizaciones, y habría mecanismos para rastrear su utilización.

La implementación tendría fases de planificación de 6 meses, implementación inicial de 12 meses, expansión de 18 meses y consolidación de 24 meses. El SINEE produciría informes públicos trimestrales, mantendría un portal de transparencia, habilitaría consultas ciudadanas y atención a usuarios, y celebraría audiencias públicas anuales. El Ministerio de Educación asignaría recursos para infraestructura, capacitación, investigación y evaluación. El texto dispone la entrada en vigor desde la promulgación y concede al Ministerio de Educación 90 días para reglamentarlo. El proyecto interesa a las entidades estadísticas y educativas mencionadas, centros públicos y privados, universidades, institutos técnicos, personal docente, estudiantes, investigadores y usuarios de datos educativos.