Proyecto de Ley 239.

Resumen.

El proyecto establece el Sistema de Evaluación Continua mediante la Aplicación de Pruebas Estandarizadas Nacionales e internacionales (SECAPE) como mecanismo oficial de seguimiento de la calidad educativa en la educación básica general y media. Prevé evaluaciones estandarizadas obligatorias en las que podrán participar centros educativos oficiales y particulares de la República de Panamá. El Ministerio de Educación diseñaría e implementaría el sistema, evaluaría aprendizajes, desempeño docente, gestión escolar y programas educativos, y utilizaría los resultados para orientar mejoras. También promovería investigaciones sobre factores asociados al aprendizaje y coordinaría la participación del país en evaluaciones internacionales. El texto define, entre otros conceptos, calidad, equidad, componentes cognitivos y no cognitivos, evaluaciones censales y muestrales, estándares educativos y recursos del sistema. Entre los objetivos del SECAPE figuran medir competencias, identificar brechas y estudiantes en riesgo académico, comparar regiones y sistemas educativos, orientar recursos y reformas curriculares, y apoyar la formación docente y la investigación educativa.

El Ministerio de Educación determinaría los procesos que seguirían los centros oficiales y particulares para aplicar las pruebas a estudiantes de los subsistemas regular y no regular, con accesibilidad universal para estudiantes de capacidades especiales. Las pruebas nacionales serían obligatorias y bianuales: evaluarían español, matemáticas y ciencias naturales en 3°, 6° y 9° grado; en 12° grado, las asignaturas dependerían del bachillerato cursado. El texto dispone participación obligatoria en dos pruebas internacionales reconocidas o más, según los calendarios de los organismos evaluadores. Fija principios de rigor técnico, validez, transparencia, comparabilidad, mejora continua y confidencialidad de resultados individuales. Además, el Ministerio capacitaría al personal evaluador y suscribiría convenios de cooperación.

El Ministerio analizaría los datos y difundiría informes y reportes para autoridades, centros educativos, docentes, estudiantes, familias y sociedad civil, con mecanismos de retroalimentación y uso pedagógico. Los resultados orientarían políticas y recursos nacionales, programas regionales, planes de mejora de cada centro y formación docente, incluido el Programa Integral de Mejoramiento de los Centros Educativos. Las pruebas nacionales medirían conocimientos y competencias conforme a estándares, incorporarían componentes cognitivos y no cognitivos, diversos formatos y adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales. Para las evaluaciones internacionales, el proyecto también dispone la participación del país en tres evaluaciones reconocidas; exige bases de datos para muestras representativas, protocolos de seguridad, recursos y capacitación. Su selección atendería a la pertinencia nacional, la comparabilidad internacional y el rigor metodológico. Los resultados servirían asimismo para ajustar estándares, currículo y programas de apoyo.

El proyecto ordena publicar informes técnicos, reportes para distintas audiencias y datos abiertos en una plataforma desarrollada por el Ministerio de Educación y la Autoridad de Innovación Gubernamental. La publicación protegería los datos personales y evitaría identificar estudiantes o generar clasificaciones que estigmaticen centros. Serían públicos los costos, métodos, resultados, estudios, bases anonimizadas, instrumentos liberados, comparaciones internacionales y planes de mejora. La Dirección Nacional de Evaluación Educativa contaría con profesionales especializados en cada región; el Estado proveería recursos financieros, humanos y técnicos. El Órgano Ejecutivo reglamentaría la ley dentro de los tres meses siguientes a su promulgación. El proyecto deroga la Ley 434 de 2024 y dispone que la nueva ley comenzaría a regir el día siguiente al de su promulgación.

Por su contenido, el proyecto se relaciona con el Ministerio de Educación, la Autoridad de Innovación Gubernamental y la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, así como con los centros educativos oficiales y particulares, el personal docente, los estudiantes y sus familias, las organizaciones dedicadas a la evaluación educativa y la comunidad educativa de la República de Panamá.