Proyecto de Ley 262.

Resumen.

El proyecto propone regular y proteger la labor de los recolectores de basura y las damas de barrido en el territorio nacional, tanto en el ámbito público como en el privado. Su aplicación alcanzaría también a los municipios y a las empresas contratadas para recolectar basura. Identifica como beneficiarios a los recolectores de residuos, conductores de camiones, personal administrativo y servidores públicos que intervienen en la recolección. Plantea condiciones laborales dignas, seguridad y salud ocupacional, capacitación, profesionalización y una clasificación vinculada con los tipos de residuos manejados.

La Autoridad de Aseo tendría que elaborar y adoptar un manual obligatorio para las empresas recolectoras de todos los municipios. Este incluiría protocolos de clasificación y manejo, reglas de recolección, transporte y disposición final, medidas de seguridad y procedimientos para residuos peligrosos y hospitalarios. También regularía el transporte del personal para evitar su traslado junto a equipos que emitan gases peligrosos y el uso de protección frente al lixiviado. El proyecto dispone capacitación continua en seguridad laboral, manejo de residuos, normas ambientales y equipos de protección. Contempla protocolos para zonas peligrosas con apoyo de la Policía Nacional y formación dirigida a la sociedad sobre el trato a estos trabajadores y la disposición de residuos. La Autoridad de Aseo fijaría los contenidos y requisitos de las capacitaciones junto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Salud; estas entidades atenderían la calidad y pertinencia de las certificaciones.

El proyecto establece un escalafón salarial ligado a capacitación, certificaciones, responsabilidad, especialización, experiencia, títulos académicos y evaluación del desempeño. El Estado, las empresas y las instituciones públicas encargadas de la recolección impulsarían programas de formación. Exige uniformes y utensilios adecuados, protocolos de desinfección y evaluaciones médicas obligatorias al menos una vez al mes, con control de cumplimiento. Prevé programas de retiro voluntario y de resocialización y rehabilitación para trabajadores con adicciones u otras condiciones que afecten su bienestar o desempeño. Reconoce derechos de huelga conforme a la normativa de carrera administrativa, asociación, participación en campañas, acceso a propuestas de retiro y condiciones que consideren el desgaste físico, el clima y la edad.

Las entidades públicas y privadas deberían permitir al personal de recolección y a los conductores utilizar sus baños y facilitar, según sus posibilidades, espacios de resguardo ante el mal tiempo. La Policía Nacional establecería protocolos y brindaría acompañamiento en zonas de riesgo, en coordinación con la Autoridad de Aseo y las entidades recolectoras. La Autoridad de Aseo desarrollaría un plan de incentivos mediante un fondo de ahorros anual. El incumplimiento se sancionaría conforme a la normativa laboral, ambiental y sanitaria vigente. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario reglamentaría la propuesta a más tardar al año de su promulgación; su entrada en vigor sería desde la promulgación. El contenido interesa a municipios, empresas recolectoras, instituciones públicas y privadas, y trabajadores del sector de residuos.