Proyecto de Ley 61.

Resumen.

El proyecto se refiere a medidas contra la ciberdelincuencia. Su epígrafe menciona el Código Penal, el Código Procesal Penal y la LEY 11 DE 2015, sobre asistencia jurídica internacional en materia penal. En el articulado, el artículo 1 modifica el artículo 151 del Código Penal. La disposición sanciona con prisión de cinco a diez años a quien, mediante violencia, intimidación o amenaza grave y con el fin de obtener para sí o para un tercero un lucro indebido u otro beneficio, obligue a una persona a disponer de su patrimonio, proporcionar información o tolerar, hacer u omitir algo que la perjudique a ella o a un tercero. Propone aumentar esa sanción en una mitad cuando se utilice la vía telefónica, el correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica, y cuando el delito emplee imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo.

El artículo 2 adiciona el artículo 168-A al Código Penal. Propone incrementar en una mitad las sanciones de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad cuando, mediante tecnologías de la información y la comunicación, se expongan, distribuyan, difundan, exhiban, transmitan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización. La disposición vincula ese incremento con un daño sicológico o emocional, con una afectación en cualquier ámbito de la vida privada de la persona o con una afectación de su imagen propia.

El artículo 3 incorpora el artículo 168-B. Este sancionaría a quien, tras recibir por esas tecnologías imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización, los difunda por los mismos medios. Para esa conducta, el texto establece una pena de multa o privación de libertad de tres meses a un año.

El artículo 4 adiciona el artículo 178-A para sancionar con dos a cuatro años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario a quien acose, hostigue o amenace a una persona mediante tecnologías de la información y la comunicación. La pena aumentaría en una tercera parte si existe una relación jerárquica derivada de vínculos laborales, docentes o domésticos de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima. Si el autor es servidor público, se propone además su destitución e inhabilitación para ocupar un cargo en el sector público por un término igual al de la pena de privación de libertad impuesta.

El artículo 5 identifica estas modificaciones y adiciones como disposiciones del Libro Segundo del Código Penal de la República de Panamá. El artículo 6 fija la entrada en vigor para el día siguiente a la promulgación. Por su contenido, el proyecto se relaciona con las entidades públicas que intervienen en la justicia penal y con personas usuarias de medios de comunicación electrónica, empleadores, centros docentes y hogares donde existan relaciones de subordinación.