Proyecto de Ley 395.

Resumen.

El proyecto modifica el artículo 1 de la Ley 39 de 2012 para definir el Programa Especial Ángel Guardián como una medida dirigida a personas con discapacidad severa en condición de dependencia y pobreza. Su finalidad comprende el goce de derechos humanos y libertades fundamentales, el respeto de la dignidad y el acceso al desarrollo integral mediante políticas sociales. Al reformar el artículo 2, establece entre sus propósitos mejorar la calidad de vida, buscar otros apoyos estructurales, promover la integración familiar y comunitaria, prevenir la discriminación y facilitar el acceso a políticas sociales. Vincula estos propósitos con los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República y las leyes, y con políticas basadas en igualdad de oportunidades, dignidad y autonomía individual. El artículo 3 incorpora una definición de pobreza referida a la ausencia sostenida de recursos, capacidades, oportunidades, seguridad y poder.

El Ministerio de Desarrollo Social, en colaboración con la Secretaría Nacional de Discapacidad, establecería estrategias de coordinación con instituciones públicas y privadas para prestar un servicio integral. El Programa entregaría un subsidio de ciento veinte balboas (B/.120.00) mensuales, mediante distintos mecanismos y según el periodo de pago que establezca el Ministerio de Desarrollo Social, a través del padre, la madre, el tutor o el representante legal. Para ingresar se exigiría ser panameño o hijo de panameños, tener discapacidad severa en condición de dependencia, encontrarse en pobreza, completar una encuesta de inscripción y acreditar identidad y discapacidad. La encuesta admitiría huella digital y firma a ruego cuando corresponda. Las personas beneficiarias directas del Fondo de Bienestar Social serían trasladadas al Programa si cumplen los requisitos.

Las personas beneficiarias podrían recibir otros apoyos económicos de objetivos diferentes, cuya coordinación correspondería a la Secretaría Nacional de Discapacidad. El Ministerio de Desarrollo Social y la Autoridad de Innovación Gubernamental implementarían una plataforma accesible y segura para presentar solicitudes digitales y seguir su trámite. Un Registro Único de Beneficiarios contendría los datos, que se cotejarían y actualizarían cada seis meses. La inscripción también se haría mediante visita domiciliaria del equipo técnico; si en un hogar hubiera dos o más personas elegibles, se inscribiría a cada una. Si un representante legal aportara información falsa para obtener beneficios propios, perdería esa condición, sería sustituido por la segunda opción de la ficha y se comunicaría el hecho a las autoridades competentes.

El proyecto crea un fondo especial para financiar totalmente el Programa, cambia el título de la Ley 39 de 2012 y añade la recepción gratuita de solicitudes por juntas comunales de corregimientos en zonas de difícil acceso, con remisión al Ministerio de Desarrollo Social. Interesaría a esas juntas, a la Secretaría Nacional de Discapacidad, a la Autoridad de Innovación Gubernamental, a las personas con discapacidad severa y sus familias, y a las instituciones que prestan apoyos sociales.