Anteproyecto de Ley 38.

Resumen.

El anteproyecto adiciona el artículo 179-A al Capítulo I del Título III del Libro Segundo del Código Penal. La disposición propuesta sancionaría a quien, con propósito lascivo o de satisfacer deseos sexuales propios o ajenos, realizare intencionalmente actos de exhibición de sus órganos genitales o actos sexuales en lugares públicos o accesibles al público. La descripción de la conducta reúne el propósito indicado, el carácter intencional del acto y el lugar en que se realiza. Abarca tanto la exhibición de órganos genitales como la realización de actos sexuales bajo esas condiciones.

Para esa conducta, el artículo 179-A propuesto fija una pena de prisión de uno a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fmes de semana. También establece una pena agravada de dos a cuatro años de prisión cuando el hecho se cometa en centros educativos, instalaciones deportivas, hospitales, iglesias o medios de transporte público. Esos lugares aparecen expresamente en la disposición como supuestos para aplicar la pena agravada. La regulación distingue así la sanción prevista para los lugares públicos o accesibles al público en general de la prevista para los espacios y medios de transporte enumerados.

El mismo artículo dispone que, si la conducta se realiza en presencia de personas menores de edad, la pena será de cuatro a siete años de prisión. Este supuesto se refiere a la presencia de menores durante la conducta descrita, mientras que el supuesto anterior se refiere al lugar donde se comete el hecho. El anteproyecto incorpora ambas circunstancias en el nuevo artículo del Código Penal y asigna a cada una el tramo de prisión que expresa el texto. La pena prevista para la presencia de menores se formula en el artículo como pena de prisión.

Además de la adición penal, el anteproyecto encarga al Ministerio de Seguridad Pública desarrollar campañas de prevención, sensibilización y denuncia sobre conductas de exhibicionismo, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. Las campañas estarían orientadas especialmente a la protección de la niñez y adolescencia. El artículo final dispone que la ley propuesta comenzaría a regir a partir de su promulgación. Por su contenido, el proyecto se relaciona con esas tres instituciones públicas y con los ámbitos educativo, deportivo, sanitario, religioso y de transporte público mencionados en la disposición penal, así como con la niñez y adolescencia a la que se orientan las campañas.