Proyecto de Ley 360.

Resumen.

El proyecto propone aplicar en todo Panamá un marco para las personas, establecimientos e instituciones que participan en la donación, extracción, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución e implante de componentes anatómicos. Define los tipos de donante y de donación, el consentimiento informado, la presunción legal de donación, la trazabilidad y las modalidades de trasplante. El Laboratorio Nacional de Trasplantes efectuaría estudios de histocompatibilidad. La muerte cerebral se determinaría mediante dos evaluaciones separadas de médicos independientes del equipo extractor o trasplantador; la segunda fijaría la hora del fallecimiento.

Los órganos de donantes fallecidos se ofrecerían primero a nacionales inscritos en la Lista de Espera Nacional y, en su ausencia, a residentes extranjeros inscritos. El Ministerio de Salud autorizaría la entrada y salida de órganos y tejidos mediante organizaciones de intercambio reconocidas, con controles sanitarios y de disponibilidad de receptores. El consentimiento de los deudos seguiría un orden de parentesco y un plazo de seis horas. Se prohibirían el tráfico de componentes anatómicos y el turismo de trasplantes, sujetos a las sanciones de la normativa vigente.

Las instituciones públicas asumirían los costos según los acuerdos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, sin trasladar gastos al donante vivo ni a los familiares del fallecido; los costos en centros privados se pactarían conforme a las reglas propuestas. El donante asegurado recibiría licencia con sueldo completo durante la recuperación indicada por su médico y protección frente a la destitución por donar. El donante vivo tendría seguimiento médico. Ambas instituciones gestionarían inmunosupresores gratuitos y permanentes para pacientes trasplantados. La extracción de órganos y tejidos de donantes fallecidos tendría carácter de urgencia médica, y la donación inscrita en el Registro Nacional de Donantes daría lugar a exoneración de determinados gastos y entrega expedita del cuerpo.

La extracción y el trasplante se sujetarían a principios de gratuidad, voluntariedad, altruismo y bioética, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud. Los hospitales custodiarían confidencialmente la información de donantes y receptores. Se organizarían campañas permanentes de promoción, con una asignación no menor del 15% por ciento del presupuesto del Instituto Panameño de Donación y Trasplante, y se prohibiría la publicidad de donaciones en beneficio particular.

El proyecto elevaría la Organización Panameña de Trasplantes a Instituto Panameño de Donación y Trasplante, denominado IPADOT, con personalidad jurídica y autonomía financiera y técnica, bajo la orientación del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Salud y la fiscalización de la Contraloría General de la República. El Instituto coordinaría programas, transporte y distribución; llevaría listas de espera y registros de donantes y trasplantes; y recibiría informes de actividad durante los primeros cinco días de cada mes. Se preverían recursos presupuestarios, una Junta Directiva, dirección y subdirección seleccionadas por concurso para seis años, y un Consejo Asesor de las Organizaciones de Pacientes y Familiares. El Comité Nacional de Trasplantes asesoraría y participaría en la certificación profesional; los comités hospitalarios supervisarían los programas de cada centro.

La donación después de la muerte podría documentarse mediante declaración jurada, documento autenticado, tarjeta, cédula o licencia, y revocarse ante el Instituto; la voluntad manifestada en vida prevalecería sobre la oposición de los deudos. La asignación de órganos atendería a urgencia, histocompatibilidad y criterios clínicos; tejidos y células de bancos se asignarían mediante solicitud médica. Para donantes vivos se exigirían capacidad, información y consentimiento escrito, evaluación psiquiátrica y condiciones de parentesco y seguridad, con reglas para menores, personas privadas de libertad y donación cruzada o altruista. La extracción de fallecidos requeriría diagnóstico y certificación de muerte, consentimiento o presunción legal; los casos médico-legales y donantes no identificados involucrarían a la autoridad competente y al Departamento de Criminalística. La obtención de tejidos en morgues autorizadas requeriría controles del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El título sobre células hematopoyéticas y tejidos regularía su obtención, transporte, trazabilidad y procesamiento en bancos. Exigiría consentimiento informado, procedimientos documentados y protección de los datos; permitiría excepciones determinadas para menores y personas que no pueden consentir mediante sus representantes legales. La donación sería gratuita, aunque ciertas instituciones privadas podrían cubrir gastos e ingresos perdidos del donante vivo. Estas disposiciones interesarían a hospitales, bancos de tejidos, profesionales de salud, pacientes, familiares y organizaciones de trasplantes, así como a las entidades públicas encargadas de salud, seguridad social y medicina legal.