Proyecto de Ley 323.

Resumen.

El proyecto establece un régimen de transparencia y comunicación sobre los dividendos que la Autoridad del Canal de Panamá entrega anualmente al Tesoro Nacional. Define esos dividendos como recursos generados por la Autoridad del Canal de Panamá que se transfieren después de deducir gastos e inversiones. También define infraestructura, seguridad ciudadana, inclusión social, transparencia, auditoría, publicidad e historia nacional, conceptos que utiliza para describir la información y las actividades previstas en Panamá.

El Ministerio para los Asuntos del Canal, la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas desarrollarían y mantendrían la página web «El Canal Aporta». Su acceso sería gratuito y permanente. Allí se publicarían los proyectos financiados parcial o totalmente con dividendos del Canal de Panamá, informes financieros detallados, avances y etapas de cada obra con su fecha estimada de culminación, así como contratos, licitaciones y gastos asociados. La información se actualizaría mensualmente. La Contraloría General de la República auditaría de forma constante la información publicada y el manejo de los dividendos, al menos una (l) vez al año, y presentaría anualmente sus resultados a la Asamblea Nacional. Los ministerios encargados incorporarían indicadores de impacto social y económico para cada proyecto. El incumplimiento de las obligaciones de transparencia y actualización de la plataforma quedaría sujeto al régimen de sanciones y responsabilidades personales de la ley 6 del 22 de enero de 2002, o al de la ley de transparencia en la gestión pública vigente cuando ocurra el incumplimiento.

Cada obra financiada total o parcialmente con dividendos del Canal de Panamá llevaría una placa visible con el logotipo de la Autoridad del Canal de Panamá, la identificación de la institución ejecutora, una frase sobre su financiación, el monto invertido y el año de ejecución. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio para los Asuntos del Canal destinarían parte de su presupuesto anual a comunicar avances y obras por medios digitales y tradicionales. El primero presentaría anualmente las obras y su impacto ante la Asamblea Nacional, con asistencia del Ministro para Asuntos del Canal; los diputados podrían formular preguntas y solicitar ajustes. Las inauguraciones incluirían a la comunidad beneficiada, convocada con por lo menos dos semanas de pre aviso. Las campañas incorporarían materiales para escolares y jóvenes, coordinados con el Ministerio de Educación.

Desde el año lectivo siguiente a la promulgación, el Ministerio de Educación incorporaría en Historia, para la educación media oficial y particular, la lucha por la soberanía y recuperación del Canal y su impacto económico y social. También desarrollaría materiales con historiadores y expertos nacionales y procuraría ferias y conferencias escolares. El Poder Ejecutivo reglamentaría la ley en un plazo no mayor a 90 días desde su promulgación; el incumplimiento se sancionaría conforme a la legislación vigente, y la vigencia comenzaría tres (3) meses después de su promulgación en la Gaceta Oficial. El contenido relaciona a las instituciones públicas mencionadas con los sectores de obras públicas, contratación, comunicación y educación.