Proyecto de Ley 317.

Resumen.

El proyecto propone reforzar la responsabilidad de los hijos e hijas de asistir, cuidar y proteger a sus padres o madres en situación de vulnerabilidad por edad avanzada, discapacidad, enfermedad grave, dependencia o carencia de recursos. Se basa en la dignidad humana, la responsabilidad filial, la solidaridad intergeneracional, la corresponsabilidad familiar, la proporcionalidad económica, la igualdad y la prioridad del interés de la persona vulnerable. Considera beneficiarios a los padres o madres mayores de sesenta (60) años sin medios suficientes para subsistir, así como a quienes presenten discapacidad severa, enfermedad grave o dependencia funcional certificada. Obliga a todos los hijos e hijas, sin distinción de filiación, edad o convivencia previa, y distribuye la obligación según su capacidad económica, salvo acuerdo distinto homologado por el juez.

La asistencia propuesta comprende alimentos, salud, vivienda y recreación; acompañamiento emocional y social; y gestión de citas médicas, actividades diarias o contratación de cuidadores cuando sea necesario. La responsabilidad filial no puede transferirse íntegramente al Estado, salvo que se compruebe incapacidad económica o imposibilidad física real. La reclamación se tramitaría mediante proceso sumario ante el Juzgado de Familia del domicilio del beneficiario. Podrían promoverla el padre o madre, su apoderado legal, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Se procuraría una mediación familiar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la admisión de la demanda y una sentencia dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a esa admisión. Para fijar la contribución económica, el juez consideraría las necesidades del beneficiario, los ingresos y cargas de cada hijo, los ingresos del beneficiario, los aportes voluntarios previos y el número de hijos obligados.

Para exigir el cumplimiento, el juez podría ordenar retención de salarios o pensiones, embargo de cuentas y bienes, inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y multas coercitivas de hasta el 20 % del monto adeudado. El proyecto crea el Registro Nacional de Abandono Parental, administrado por la Defensoría del Pueblo, para inscribir incumplimientos reiterados; la inscripción podría implicar restricciones en trámites civiles, fiscales o contrataciones públicas por hasta tres (3) años. También prevé multas de hasta B/. 2,000.00, suspensión de subsidios estatales o beneficios fiscales e inhabilitación para contratar con el Estado hasta por tres (3) años. El Ministerio Público podría iniciar procesos penales si el incumplimiento causa daños graves a la salud, seguridad o integridad del adulto mayor, conforme al Código Penal.

El MIDES y la Defensoría del Pueblo brindarían asesoría legal gratuita, acompañarían procesos judiciales y diseñarían campañas; el MIDES desarrollaría programas nacionales de orientación familiar. El Órgano Ejecutivo reglamentaría la ley previa consulta al Órgano Judicial, al MIDES y a la Defensoría del Pueblo. El contenido interesa a estas instituciones, a la Asamblea Nacional, a las familias y cuidadores, y a quienes intervienen en trámites civiles, fiscales y contrataciones públicas.