Anteproyecto de Ley 74.

Resumen.

El anteproyecto modifica el Código Penal de la República de Panamá para excluir a quienes cometan delitos contra la administración pública de las penas sustitutivas de prisión domiciliaria y trabajo comunitario. Permite que el juez ordene prisión domiciliaria para una mujer condenada por esos delitos que esté grávida o recién dada a luz, hasta que el niño cumpla un año de edad; después continuaría cumpliendo la pena impuesta. Para los delitos dolosos contra la administración pública, hace obligatoria la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas. Establece que esa inhabilitación dura de por vida y que la ejecución de las penas accesorias no se suspende por un subrogado penal. Excluye esos delitos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria prevista para determinadas condiciones personales o de salud, con la excepción relativa a la mujer grávida o recién dada a luz regulada en el artículo 63.

En los delitos relativos a bienes y recursos públicos, fija penas de prisión para el servidor público que sustraiga o malverse bienes confiados por su cargo, se aproveche de un error ajeno para apropiarse de bienes nacionales o municipales, use recursos o servicios oficiales para fines ajenos al servicio, o dé a los caudales bajo su administración un destino público distinto que afecte el servicio. Para la sustracción o malversación, prevé una pena mayor si la cuantía supera cien mil balboas (B/. 100,000.00) o los bienes estaban destinados a fines asistenciales o programas de desarrollo o apoyo social. También agrava la pena por el desvío de caudales cuando exista propósito de beneficio propio o ajeno, o se afecten esos destinos sociales.

El texto modifica las penas aplicables al servidor público que acepte, reciba o solicite beneficios vinculados a sus funciones. Regula asimismo las conductas de miembros del Órgano Judicial y del Ministerio Público, autoridades administrativas, árbitros y otros decisores que reciban beneficios para favorecer o perjudicar a una parte; incluye supuestos de colusión, consejos jurídicos fraudulentos y retardo malicioso. Sanciona a quien ofrezca, prometa o entregue beneficios a un servidor público. También modifica el delito de enriquecimiento injustificado del servidor público, comprendida la intervención de una persona interpuesta y la cancelación de deudas o extinción de obligaciones; el supuesto alcanza hasta cinco años después del cese en el cargo. El anteproyecto modifica además las penas por inducir la entrega de dinero u otra utilidad, traficar con influencias y rehusar, omitir o retardar ilegalmente actos del cargo. En contratación pública, comprende acuerdos para alterar o fijar precios, pagos o promesas ligados a la participación, obstáculos mediante violencia, intimidación o engaño, y difusión de noticias falsas o distorsionadas.

En la Ley 63 de 2008, propone que la acción penal por delitos contra la administración pública y por estafa y otros fraudes en perjuicio del Estado no prescriba. Modifica los requisitos escritos de querellas y denuncias promovidas mediante abogado: exige datos de las personas y del hecho y la indicación de elementos de prueba, pero establece que la falta de presentación de estos elementos no causa inadmisión. Atribuye al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la resolución de admisibilidad en un término no mayor de diez días desde el reparto. Asimismo, regula funciones de control del Juez de Cumplimiento y su facultad de sustituir hasta el 30% de determinadas penas de prisión cuando concurran buena conducta y posibilidad de reinserción social; excluye de esa sustitución, entre otros, los delitos contra la administración pública y las demás categorías enumeradas en el artículo 509. El anteproyecto enumera las disposiciones modificadas y dispone su entrada en vigor el día de su promulgación.

El contenido se relaciona con el Código Penal, la Ley 63 de 2008 y la Constitución Política, así como con el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Podría interesar o afectar a servidores públicos, personas investigadas o condenadas, denunciantes y querellantes, profesionales del derecho, participantes en contratación pública y entidades que administran recursos públicos.