Proyecto de Ley 325.

Resumen.

El proyecto limita la adquisición directa o indirecta de bienes del Estado por servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y durante los cinco (5) años posteriores a su terminación. Alcanzaría a personas elegidas, nombradas o contratadas para prestar servicios públicos, remunerados o ad honorem, incluidos cargos de empresas con participación o control estatal y de entidades autónomas o semiautónomas en la República de Panamá. Define el conflicto de intereses y considera vinculados a cónyuges, parejas en unión de hecho, determinados parientes, socios comerciales y personas jurídicas bajo participación o control del servidor o de esas personas. Comprende bienes muebles e inmuebles patrimoniales, bienes revertidos del Canal de Panamá, incautados, decomisados o adjudicados al Estado, activos digitales, inversiones, Bonos del Estado y otros bienes sujetos a reglas públicas de transferencia.

Las inhabilitaciones operarían durante la gestión y después del cese, tanto para el servidor como para las personas vinculadas. Se aplicarían a licitaciones, subastas, remates, ventas directas, adjudicaciones, permutas, otras enajenaciones, adquisiciones mediante terceros y operaciones simuladas. El proyecto remite las inhabilitaciones para contratar con el Estado a la Ley 22 de 2006, modificada por la Ley 153 de 2020. Ante un posible conflicto de intereses en una adquisición o enajenación, el servidor tendría que comunicarlo inmediatamente y por escrito a su superior y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, abstenerse de intervenir y hacer incorporar la declaración al expediente. También se publicaría en el Portal de Transparencia de ANTAI conforme a la Ley 316 de 2022.

Las transacciones contrarias al proyecto serían nulas de pleno derecho previa declaración judicial; los bienes volverían al Estado sin indemnización para los adquirentes. Podrían investigarse de oficio procesos o compras anteriores cuando existan indicios o sospechas de peculado u otro delito contra la administración pública. Las infracciones darían lugar a multa equivalente al doble del valor del bien, inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco (5) años, responsabilidad civil patrimonial y las sanciones penales o administrativas correspondientes. La Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas supervisaría su cumplimiento junto con la Contraloria General de la República, la Fiscalía Anticorrupción, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y la autoridad de transparencia; el Ministerio Público actuaría de oficio ante presuntos delitos.

El proyecto coordina estas reglas con el Código Fiscal, la Ley 22 de 2006, la Ley 153 de 2020, la Ley 33 de 2013, la Ley 316 de 2022 y el Decreto Ejecutivo N.o 64 de 2011, y da prevalencia a sus inhabilitaciones en esta materia. Ordena publicar el listado de infractores conforme a la Ley 81 de 2019, deroga las disposiciones contrarias, encarga al Órgano Ejecutivo reglamentarlo en seis (6) meses y fija su vigencia desde la publicación en la Gaceta Oficial. Su contenido concierne a las entidades públicas que administran bienes estatales y a participantes en procesos de adquisición, contratación y transferencia patrimonial.