Proyecto de Ley 306.

Resumen.

El proyecto establece reglas para las actuaciones de cobranza extrajudicial destinadas a obtener el pago o la renegociación de deudas vencidas en la República de Panamá. Alcanzaría a personas privadas que cobren directamente, por terceros o por cesión, a proveedores de bienes y servicios y a entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Dirección General de Empresa Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la Autoridad de los Servicios Públicos. Exige respeto a la dignidad, la privacidad, el debido proceso, la proporcionalidad, la transparencia y la veracidad, sin afectar la convivencia del hogar ni la situación laboral. Define las gestiones comprendidas, las agencias de cobro, los canales autorizados, el contacto telefónico y directo, los días y horas hábiles, la semana calendario, el domicilio y las visitas.

Reconoce el derecho del consumidor a recibir gestiones respetuosas de su intimidad personal y familiar, así como información clara y completa sobre el monto adeudado, los intereses y las modalidades de pago. Esa información debe entregarse de inmediato en un medio que permita dejar constancia; si el contacto es verbal, el consumidor puede pedirla por escrito. El contacto solo puede hacerse por canales que haya suministrado y autorizado expresamente, cuya selección debe ofrecerse al adquirir el producto o servicio. Prohíbe el acoso, las amenazas y la divulgación de la deuda a referencias, familiares, contactos laborales u otros terceros ajenos a la obligación. Dispone la suspensión inmediata de la cobranza cuando se admite formalmente un proceso judicial o administrativo para cobrar la misma deuda, durante todo el curso del proceso.

Las agencias deben acreditar, si el consumidor lo solicita, la cesión documentada de la obligación o la autorización formal del acreedor para cobrarla. Si interviene un tercero, la entidad acreedora debe comunicar su identidad al adquirir el bien o servicio. El codeudor, deudor solidario o fiador puede ser contactado bajo las mismas condiciones. Tras un contacto directo, no puede haber otro ese mismo día. Las gestiones se limitan a lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la tarde y sábados de ocho de la mañana a tres de la tarde, excluidos domingos y días festivos o de duelo nacional. Se permite un contacto telefónico por día y una visita domiciliaria en una semana calendario, sin combinar ambos en un mismo día.

Las agencias deben registrar cada gestión, incluidos los intentos telefónicos y las visitas sin contacto efectivo, con los datos de la deuda, el medio, el propósito, la fecha y la hora. Deben conservar el registro digital durante dos años y entregarlo de forma oportuna, veraz y completa cuando lo requiera la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO). El proyecto enumera prohibiciones adicionales relativas a visitas laborales, preguntas sobre el motivo del incumplimiento, comunicaciones que aparenten actuaciones judiciales, anuncios de consecuencias de procesos no iniciados, pagos para evitar o interrumpir la prescripción y cobros sin legitimación.

Ante una cesión o traspaso, el proveedor original debe avisar previamente al consumidor quién asumió la obligación y desglosar saldo, intereses, recargos y costos. ACODECO velaría por el cumplimiento. El proyecto agrega a la ley 45 de 2007 una función para conocer y sancionar prácticas de agencias de cobro y una multa de hasta veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) por infracciones a estos derechos, deberes y prohibiciones. Las reglas alcanzarían las gestiones realizadas desde la entrada en vigor, aunque la adquisición fuera anterior; esta se fija para el día siguiente de la promulgación. El contenido interesa a consumidores, acreedores, agencias de cobro y proveedores de bienes y servicios, así como a las entidades supervisoras mencionadas y a ACODECO.