Anteproyecto de Ley 137.

Resumen.

El anteproyecto establece un marco de ética, transparencia y buen gobierno aplicable a las universidades oficiales de la República de Panamá, incluidas sus facultades, escuelas, centros regionales, centros de investigación y demás dependencias. Define la autonomía universitaria, el buen gobierno, el conflicto de interés, el nepotismo, el plagio y la transparencia. Dispone que las universidades conserven su autonomía académica, administrativa y financiera conforme a la Constitución Política de la República de Panamá, sin quedar exentas de obligaciones legales ni de fiscalización. Asigna a la Contra10ría General de la República la fiscalización de los fondos públicos y la auditoría de presupuestos, ingresos, gastos y proyectos financiados con recursos públicos o particulares. Exige publicar presupuestos, ejecución financiera, contrataciones, compras, actas de gobierno e informes de auditoría y control en un portal de transparencia.

Cada universidad deberá adoptar un código de ética vinculante para autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes, con prohibiciones sobre nepotismo, conflictos de interés y uso indebido de recursos. El texto identifica conductas relativas a corrupción, favoritismo, acoso, discriminación, falta de transparencia, plagio, falsificación y abuso de autoridad. Prohíbe esas conductas, la participación en decisiones afectadas por intereses personales, familiares o económicos y el uso de recursos para fines ajenos a los objetivos institucionales. También impide ejercer cargos de alta dirección universitaria a quienes simultáneamente ocupen cargos de elección popular, dirijan partidos políticos o tengan intereses económicos en contratos con la universidad.

Las universidades deberán habilitar canales seguros y confidenciales de denuncia, investigar las faltas y aplicar las sanciones correspondientes según el Código de Ética Universitario y la legislación vigente, con remisión a las autoridades competentes cuando proceda. Se protege al denunciante frente a represalias y se reserva su identidad, salvo consentimiento o requerimiento judicial. El texto prevé amonestación, suspensión, separación, nulidad o rescisión de contratos y actos, exclusión de futuras contrataciones y acciones legales; crea además un registro en línea de sanciones. Las denuncias se registrarán y remitirán al Departamento de Cumplimiento, que hará una evaluación preliminar dentro de cinco (5) días hábiles. La investigación formal incluirá pruebas, entrevistas, revisión documental e informe, y no excederá de sesenta (60) días hábiles salvo extensión motivada. Las sanciones deberán ser proporcionales y respetar el derecho de defensa.

Cada universidad contará con un Departamento de Cumplimiento autónomo, encargado de denuncias, investigaciones, recomendaciones de sanción, políticas, capacitación e informes a la rectoría y al consejo universitario. El Consejo Universitario de Ética y Transparencia supervisará las políticas de buen gobierno y recibirá esos informes, con representación docente, estudiantil, administrativa y de la sociedad civil. Las universidades tendrán seis meses desde la promulgación para adecuar su normativa interna; el texto dispone su entrada en vigor desde la promulgación. El contenido podría interesar a las universidades oficiales, su comunidad educativa, la sociedad civil y quienes contraten con ellas.