Proyecto de Ley 406.

Resumen.

El proyecto declara de interés nacional y estratégico la producción de leche fresca en la República de Panamá por su relación con la seguridad alimentaria y nutricional. Dispone que el Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), implemente contingentes máximos para importar leche en polvo, sustitutos lácteos y productos sucedáneos cuando la producción nacional cubra al menos el 80% de la demanda interna. Esa suficiencia se verificaría mediante un informe anual del MIDA con metodología publicada. Quienes importen esos productos tendrían que acreditar la compra de una cantidad igual o superior de leche fresca nacional. Para las industrias procesadoras y los comercios que elaboran alimentos a base de lácteos, la autorización de importación dependería de adquirir al menos 80% de leche fresca nacional frente a 20% importada. Los contingentes considerarían las importaciones de los últimos tres años en períodos comparables, con un límite no mayor al 50% de la demanda interna, la capacidad de absorción de la producción local, los inventarios y los compromisos internacionales vigentes.

El Registro Nacional de Productores de Leche Fresca, dentro del Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria, identificaría a los productores clasificados y a los pequeños ganaderos no clasificados. Se actualizaría al menos una vez al año y serviría para orientar apoyos, determinar beneficiarios de subsidios y compensaciones, ejecutar compras públicas y administrar contingentes. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias y ACODECO establecerían normas técnicas y de etiquetado para distinguir la leche fresca nacional, los lácteos reconstituidos, los sustitutos y los sucedáneos. La identificación iría en la parte frontal del envase, con denominaciones claras y visibilidad suficiente; sus especificaciones se armonizarían con el Codex Alimentarius y otras normas internacionales reconocidas. El incumplimiento daría lugar a sanciones administrativas, incluido el retiro del producto. La reglamentación fijaría un plazo de adaptación no inferior a seis meses desde la promulgación.

El Sistema Nacional de Abastecimiento Preferente de Leche Fresca exigiría que las compras estatales con fines sociales utilicen al menos 95% de leche fresca nacional cuando haya disponibilidad suficiente. Una política de compras públicas agropecuarias priorizaría los productos nacionales en igualdad de precio y calidad e impediría comprar importados cuando exista oferta nacional suficiente. El Fondo de Estabilización y Reconversión Láctea financiaría modernización, productividad, innovación y capacitación con recursos presupuestarios, tasas de inspección, parte de las multas, donaciones y cooperación. Sus beneficiarios cumplirían planes de mejora aprobados por el MIDA, bajo asistencia y verificación de la Dirección Nacional de Ganadería; el incumplimiento suspendería el beneficio. El Órgano Ejecutivo podría adoptar medidas complementarias fundamentadas en la seguridad alimentaria. Un programa coordinado con universidades e institutos de investigación impulsaría plantas procesadoras y derivados de leche nacional. El texto se declara de orden público e interés social. Sus disposiciones interesarían a productores y ganaderos, importadores, procesadores, comercios alimentarios e instituciones públicas de compra y abastecimiento.