Anteproyecto de Ley 159.

Resumen.

El anteproyecto crea el Sistema Nacional de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida en materia de derechos humanos y orden público, aplicable en todo el territorio de la República de Panamá, incluidas las comarcas indígenas, las zonas fronterizas y los territorios marítimos. Su finalidad es prevenir violaciones de derechos, reducir el escalamiento de conflictos, promover protección temprana, facilitar el diálogo y verificar las medidas adoptadas. Su aplicación alcanza a las entidades estatales centrales, descentralizadas, autónomas y semiautónomas, bajo principios que incluyen dignidad humana, no discriminación, participación, proporcionalidad, confidencialidad y protección prioritaria de la niñez.

El Sistema distingue riesgo, amenaza, Alerta Temprana, Respuesta Rápida y seguimiento. Organiza dos componentes: la Defensoría del Pueblo dirige, con autonomía técnica, el monitoreo y la emisión de alertas; el Ministerio de Gobierno coordina la respuesta de las entidades competentes. Entre las instituciones integrantes figuran el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Procuraduría General de la Nación, la Autoridad de Gobierno Local correspondiente y las autoridades comarcales.

La Defensoría del Pueblo debe fijar por resolución las áreas prioritarias de monitoreo y puede utilizar observaciones, informes, quejas, datos públicos y aportes de comunidades y organizaciones. Las alertas se clasifican en Seguimiento, Inminencia y Urgencia. Cada una identifica el territorio, el contexto, las poblaciones expuestas, las amenazas, las recomendaciones, las entidades destinatarias y los indicadores de verificación. Pueden ser públicas o reservadas, según los riesgos de su difusión, pero siempre generan una comunicación pública mínima. La Defensoría del Pueblo las notifica de inmediato; en casos de Urgencia confirma por escrito la notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes. Para Inminencia y Urgencia debe emitirlas en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas desde que se consolide la información mínima. También puede emitir advertencias preliminares que las autoridades deben atender.

El Ministerio de Gobierno preside la Comisión Nacional de Reacción Rápida, que reúne representantes con poder de decisión para activar protocolos, aprobar un Plan de Acción Interinstitucional, coordinar medidas y verificar resultados. En ella participan, entre otros, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional de Servicios Públicos; la Defensoría del Pueblo tiene voz, pero no voto. El plan debe formularse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la alerta y señalar medidas, responsables, tiempos e indicadores. Gobernaciones, municipios y congresos comarcales conforman instancias territoriales; los Cabildos Abiertos de Participación incorporan comunidades, pueblos indígenas y sectores afectados.

Una plataforma pública a cargo de la Defensoría del Pueblo registra alertas, plazos, seguimiento e informes de cierre, con reserva de datos sensibles. Cada autoridad receptora debe evaluar la alerta y, si la considera procedente, adoptar medidas de su competencia; la omisión injustificada puede constituir falta administrativa grave. Los riesgos para menores activan protección diferenciada conforme a la Ley 285 de 2022 y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ante incertidumbre sobre un riesgo grave rige el principio de precaución. El texto dispone informes iniciales dentro de los diez (10) días hábiles e informes finales dentro de los noventa (90) días calendario; permite evaluaciones externas, investigaciones disciplinarias y remisiones al Ministerio Público por posibles hechos punibles. El Órgano Ejecutivo debe proveer recursos y reglamentar la ley dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a su promulgación. La entrada en vigor se fija en la promulgación en la Gaceta Oficial. Su contenido concierne a las instituciones de seguridad, justicia, protección civil, educación, salud y servicios públicos, así como a comunidades, pueblos indígenas y sectores expuestos a conflictos sociales.