Proyecto de Ley 404.

Resumen.

El proyecto establece el Sistema Nacional de Canales de Riego Agrícola, identificado como SINACRA y adscrito a la Dirección de Ingeniería Rural y Riego del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para abastecer de agua a la producción agrícola. Su actuación se sujetaría a la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria, la prioridad del uso humano del agua, la coordinación interinstitucional y la adaptación al cambio climático. Podría desarrollarse en todo el país; en zonas bajo jurisdicción de la Autoridad del Canal de Panamá requeriría autorización expresa. Toda captación de agua estaría sujeta a los permisos y concesiones exigidos por la legislación vigente.

El proyecto establece el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento, integrado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá y representantes de asociaciones de productores agrícolas y pecuarios y del sector académico. El Órgano Ejecutivo definiría mediante reglamento la conformación y elección de sus miembros. El Consejo elaboraría y actualizaría cada dos años el Plan Nacional de Riego Agrícola, con zonas prioritarias, obras proyectadas, cronograma y fuentes de financiamiento, conforme a criterios técnicos, ambientales y sociales. Podría ampliar o modificar las zonas prioritarias iniciales mediante resolución técnica fundamentada.

El sistema podría utilizar ríos, quebradas, embalses y reservas hídricas, con los permisos y estudios exigidos por la ley y respetando el consumo humano y la conservación ambiental. Podría desarrollar, rehabilitar y operar canales, estaciones de bombeo, redes parcelarias e instalaciones de regulación, captación, conducción y almacenamiento. La infraestructura cumpliría las normas técnicas y ambientales e incorporaría tecnologías para optimizar el uso del agua. El bombeo y la conducción emplearían energías sostenibles cuando fueran técnica y económicamente viables. Las obras necesitarían, antes de comenzar, los permisos ambientales, hidráulicos, de construcción y de salud pública aplicables.

El financiamiento provendría del Presupuesto General del Estado, fondos especiales como el Fondo Especial de Compesación de Intereses (FECI), cooperación internacional, convenios, alianzas público-privadas y otras fuentes legales. Su gestión estaría sujeta a transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. El Consejo publicaría cada año un informe financiero para consulta pública y lo presentaría ante la Asamblea Nacional. Los beneficiarios se organizarían en Junta de Productores Usuarios para administrar, mantener y operar cada sistema local, coordinar con el Consejo, recibir capacitación y cumplir las normas aplicables.

Para esas juntas y sus miembros, el proyecto clasifica como leves, graves o muy graves conductas relativas a cuotas, capacitación, operación, uso del agua, inspecciones, medidas ambientales, contaminación, registros y daños intencionales. El Órgano Ejecutivo fijaría las sanciones en el reglamento, con debido proceso y derecho de defensa, y reglamentaría la ley dentro de seis meses de su promulgación. El texto dispone su entrada en vigor desde la promulgación. Su contenido concierne a las entidades citadas, a los productores agrícolas y pecuarios, al sector académico y a quienes participen en infraestructura y financiamiento de riego.