Proyecto de Ley 382.

Resumen.

El proyecto establece principios de ética, igualdad y no discriminación, integridad académica, mérito, participación, rendición de cuentas, responsabilidad social y transparencia para las universidades oficiales de la República de Panamá. Su ámbito comprende facultades, escuelas, centros regionales, centros de investigación y demás dependencias. Define la autonomía universitaria, el buen gobierno, el conflicto de interés, el nepotismo, el plagio y la transparencia. Dispone que la autonomía académica, administrativa y financiera se ejerza conforme a la Constitución Política de la República de Panamá y a la ley propuesta, con sujeción a las obligaciones legales y a la rendición de cuentas.

La Contraloría General de la República fiscalizaría los fondos públicos asignados a las universidades oficiales mediante auditorías de presupuestos, ingresos, gastos y proyectos financiados con recursos públicos o particulares. Cada universidad debería publicar en un portal de transparencia sus presupuestos y ejecución financiera, procesos de contratación y compras, actas de los órganos de gobierno e informes de auditoría y control. También debería adoptar un código de ética vinculante para autoridades, docentes, administrativos y estudiantes, con prohibiciones relativas al nepotismo, los conflictos de interés, el uso indebido de recursos, el plagio y la corrupción académica.

El proyecto identifica como problemas éticos y de gobernanza la corrupción, la malversación, el enriquecimiento ilícito, el favoritismo, el tráfico de influencias, el acoso, la discriminación, la falta de transparencia, las faltas a la integridad académica y el abuso de autoridad. Prohíbe esas conductas en los términos de su articulado y exige abstenerse de decidir cuando exista un interés personal, familiar o económico que comprometa la imparcialidad. Impide destinar recursos universitarios a fines personales o ajenos a los objetivos institucionales. Quienes ocupen cargos de elección popular, dirijan partidos políticos o tengan intereses económicos en contratos con la universidad no podrían ejercer simultáneamente cargos de alta dirección universitaria.

Las universidades deberían habilitar mecanismos accesibles de denuncia. Las conductas denunciadas se investigarían y, de comprobarse, darían lugar a las sanciones correspondientes conforme al Código de Ética Universitario y la legislación vigente, sin excluir denuncias ante las autoridades administrativas o penales competentes. La persona denunciante tendría protección frente a represalias y confidencialidad, salvo orden judicial o consentimiento expreso. Las denuncias se registrarían y remitirían al Departamento de Cumplimiento, que realizaría la evaluación preliminar dentro de cinco (5) días hábiles. Si la denuncia fuera viable, la investigación formal incluiría pruebas, entrevistas, examen documental e informe; su plazo no excedería de sesenta (60) días hábiles, salvo extensión motivada por la complejidad del caso.

Según la gravedad de la falta, el proyecto prevé amonestación verbal o escrita, suspensión temporal, separación definitiva, nulidad de contratos o actos administrativos viciados, prohibición de futuras contrataciones y acciones legales. Exige proporcionalidad y derecho de defensa, y crea un registro público en línea de sanciones. En cada universidad crea un Departamento de Cumplimiento con autonomía funcional y recursos para recibir denuncias, investigar, recomendar sanciones, supervisar políticas, impartir capacitación e informar periódicamente a la rectoría y al consejo universitario. Crea además un consejo universitario de ética y transparencia, con representantes docentes, estudiantiles, administrativos y de la sociedad civil, para supervisar políticas y recibir informes. Ordena formación continua para la comunidad universitaria y concede seis meses desde la promulgación para adecuar estatutos, reglamentos y procedimientos internos. La ley propuesta entraría en vigor desde su promulgación.

Por su contenido, el proyecto se relaciona con la Contraloría General de la República, el Departamento de Cumplimiento, las autoridades universitarias y el consejo universitario de ética y transparencia. Interesa a los sectores de educación superior, investigación, contratación universitaria y sociedad civil.