Anteproyecto de Ley 174.

Resumen.

El anteproyecto modifica el Código Penal para establecer penas de prisión por la sustracción o malversación de dinero, valores o bienes confiados a un servidor público, así como por permitir que otra persona se apropie de ellos. Prevé una pena mayor cuando la cuantía supera cien mil balboas (B/.lOO,OOO.OO) o los bienes están destinados a fines asistenciales, programas de desarrollo o apoyo social. También sanciona al servidor público que aprovecha un error ajeno para apropiarse, sustraer o utilizar bienes nacionales o municipales.

Regula la pérdida de bienes confiados a un servidor público causada por culpa y la apropiación, sustracción o utilización que otra persona realice aprovechando esa conducta. Sanciona el uso de bienes, trabajos o servicios oficiales para fines ajenos al servicio, en beneficio propio o ajeno. Asimismo, contempla la aplicación de caudales o efectos a una función pública distinta de su destino cuando se afecta el servicio, con una pena mayor si se busca beneficiar a alguien o se afectan recursos destinados a fines asistenciales, programas de desarrollo o apoyo social.

El texto sanciona el cobro de impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones o derechos inexistentes y establece una sanción distinta cuando el cobro es legal, pero se emplea un medio no autorizado. También regula la solicitud, recepción, aceptación de promesa o promesa de un provecho mediante influencia real o simulada para obtener un beneficio de un servidor público o de un servidor público extranjero de una organización internacional. Prevé una pena mayor si quien ejerce o simula la influencia es superior jerárquico de quien conoce el asunto.

Propone penas para el servidor público que ordena o comete un hecho arbitrario abusando de su cargo, o que ilegalmente rehúsa, omite o retarda un acto propio de sus funciones. Alcanza al agente de la Fuerza Pública que, sin causa justificada, demora o niega un auxilio requerido legalmente; al servidor que solicita su apoyo para impedir el cumplimiento de órdenes o mandatos; y a la falta de auxilio ante un particular en peligro. Regula el abandono del cargo con perjuicio para la administración pública y define cuándo se configura. Sanciona además la usurpación o continuación indebida del ejercicio de funciones públicas.

El articulado sanciona impedir u obstaculizar mediante violencia, intimidación o engaño las funciones de un servidor público o de quien lo asiste, con agravantes por actuación de varias personas, uso de arma o comisión durante un proceso judicial. También trata la alteración de sellos o marcas colocados por autoridad competente y la sustracción, destrucción o alteración de documentos custodiados por oficinas públicas; establece aumentos o reducciones de pena según la custodia, la restitución y el momento procesal. Finalmente, enumera los artículos reformados y dispone la entrada en vigor al día siguiente de la promulgación en la Gaceta Oficial. Su contenido se relaciona con la Fuerza Pública, las oficinas públicas, la administración de recursos públicos y las personas que intervienen en actuaciones administrativas o judiciales.