Proyecto de Ley 436.

Resumen.

El proyecto crea nuevos Juzgados Administrativos de Tránsito en Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro, Coc1é, Chiriquí, Darién, Herrera y Los Santos, de modo que cada provincia cuente con al menos un (1) juzgado. Los define como órganos de la Autoridad del Tránsito y Trasporte Terrestre con competencia exclusiva sobre infracciones y faltas administrativas derivadas de la Ley de Tránsito y el Reglamento de tránsito Vehicular. Cada juzgado tendría un juez, un secretario judicial y el personal que determine la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. También crea Tribunales Superiores Administrativos de Tránsito para la segunda instancia de los procesos administrativos de tránsito.

El proyecto atribuye a los jueces de tránsito el conocimiento de reconsideraciones y accidentes, la resolución de consultas, la atención de solicitudes y la coordinación de diligencias. Les permite convocar audiencias para recibir pruebas y argumentos. Las reconsideraciones tendrían efecto suspensivo hasta la resolución definitiva; el juzgado debería resolverlas motivadamente dentro de treinta (30) días hábiles desde su admisión. Para el juez administrativo y el secretario judicial exige nacionalidad panameña, título de Derecho reconocido por la Universidad de Panamá o el Consejo de Rectores, inscripción de idoneidad ante la Corte Suprema de Justicia, experiencia mínima de tres (3) años, formación acreditada y ausencia de las condenas o sanciones indicadas. El artículo también incluye entre sus numerales conocer denuncias de colisión y fuga, dirigir oficios y sancionar al responsable de la colisión. Define las tareas de asistencia, notificación, custodia, atención al público y gestión del secretario. El Director General de la Autoridad del Tránsito Transporte Terrestre nombraría a los jueces, y el Órgano Ejecutivo efectuaría la designación final mediante decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial.

El Tribunal Superior Administrativo de Tránsito conocería las apelaciones contra decisiones provinciales: examinaría pruebas, podría confirmar, modificar o anular sanciones e imponer otras cuando corresponda. También emitiría criterios orientadores y promovería los derechos de los infractores y la educación vial. Estaría integrado por un presidente, dos vocales, un secretario y personal de apoyo. Sus magistrados deberían cumplir requisitos de ciudadanía, formación, experiencia de cinco (5) años, conducta y selección pública; ejercerían por cinco (5) años, con una sola reelección sujeta a evaluación.

Las personas sancionadas podrían apelar dentro de cinco (5) días hábiles desde la notificación, mediante escrito con identificación, resolución impugnada, fundamentos y pruebas, así como constancia de pago parcial cuando la ley lo exija. La apelación suspendería los efectos hasta la decisión definitiva. El Tribunal podría celebrar audiencia y debería resolver motivadamente dentro de treinta (30) días hábiles desde la admisión. El Órgano Ejecutivo convocaría y evaluaría públicamente a los candidatos, los designaría por decreto ejecutivo y reglamentaría la ley dentro de seis (6) meses de su promulgación. El presupuesto del Tribunal se incluiría en la Ley General del Presupuesto del Estado; la ley propuesta regiría desde su promulgación.

Por sus funciones, el proyecto se relaciona con las autoridades administrativas de tránsito, el Órgano Ejecutivo, los órganos que acreditan formación e idoneidad jurídica y las personas usuarias de las vías, profesionales del derecho y sectores de transporte terrestre.