Proyecto de Ley 444.

Resumen.

El artículo 1 plantea como objeto garantizar el principio de presunción de inocencia de todo ciudadano. Para ese fin, propone regular las actuaciones de los servidores públicos y limitar la información que brindan por medios de comunicación, documentos, medios digitales o cualquier clase de plataforma. La disposición sitúa el límite en la información comunicada en el ejercicio de funciones públicas.

El artículo 2 propone adicionar el artículo 18-A a la Ley 69 de 2007. La disposición alcanzaría a todo servidor público que, en ejercicio de sus funciones, suministre, facilite o transmita información sobre una persona que haya sido investigada y que, mediante sentencia en firme, no haya sido condenada o responsabilizada. La conducta descrita comprende tanto entregar la información como facilitar su entrega o transmitirla. El artículo vincula las consecuencias disciplinarias a la actuación del servidor público y a la situación de la persona a la que se refiere la información.

Para la primera vez, el artículo 18-A propuesto establece una multa consistente en el cincuenta por ciento (50%) del salario mensual del servidor público. Para la segunda ocasión, dispone la suspensión de un mes de trabajo y salario. Para la tercera vez, prevé la destitución. La misma disposición conserva el derecho de la persona afectada a recurrir a la esfera penal por la calificación de calumnia e injuria. Así, el texto contempla una secuencia de sanciones por ocasiones sucesivas y, a la vez, la posibilidad de acudir a la vía penal indicada.

El artículo 3 encarga la imposición de la sanción a cada dependencia. Propone que esa dependencia actúe de oficio o a solicitud de la persona contra quien se haya cometido el agravio. Para presentar la solicitud, la persona afectada deberá aportar el historial policivo o la sentencia que la exime de responsabilidad penal. El procedimiento descrito vincula la intervención de la dependencia con la documentación relativa a la situación penal de quien solicita la sanción.

El artículo 4 identifica nuevamente la adición del artículo 18-A a la Ley 69 de 2007. Al referirse a esa norma, menciona la creación de la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional y la adscripción de los servicios de criminalística al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El artículo 5 dispone que la ley comenzaría a regir al día siguiente de su promulgación. Por su contenido, el proyecto se relaciona con las dependencias públicas que emplean servidores públicos, la Dirección de Investigación Judicial, la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; también alcanzaría a las personas investigadas comprendidas en la disposición y podría interesar a los medios de comunicación y a los sectores que difunden información por vías documentales o digitales.