Anteproyecto de Ley 236.

Resumen.

El anteproyecto modifica el artículo 1 de la Ley 54 de 2016, que crea el Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB). Propone que el registro sea obligatorio para todas las personas que reciban beneficios sociales otorgados por el Estado. Incluye expresamente las transferencias monetarias, los subsidios, los bienes tangibles y los servicios relacionados. Con esta modificación, el alcance del registro comprendería esas distintas formas de beneficio social.

Añade un artículo 3-A para obligar a todas las instituciones públicas y entidades privadas que otorguen beneficios sociales a inscribir a sus beneficiarios en el RENAB. La disposición vincula ese registro con la interoperabilidad entre entidades y con la prevención de duplicidades en la entrega de beneficios.

Mediante un nuevo artículo 3-B, dispone que el RENAB contenga información detallada y actualizada sobre las condiciones específicas de beneficiarios con discapacidades, trastornos del espectro autista y otras necesidades especiales. Esa información quedaría sujeta a protocolos de confidencialidad y protección de datos personales. Las empresas, organizaciones y entidades públicas y privadas autorizadas podrían conocer las características y requerimientos de cada beneficiario, incluidos el tipo de discapacidad, las adaptaciones necesarias, los apoyos técnicos o tecnológicos y las capacidades laborales específicas.

La misma disposición destina esa información a planificar y ejecutar procesos de inclusión laboral mediante adaptaciones razonables del entorno de trabajo, capacitaciones especializadas y adecuación de puestos. También contempla el diseño de programas y servicios de inclusión social, así como la colaboración del sector público, el privado y la sociedad civil. Sitúa esa colaboración en relación con el Plan Nacional de Accesibilidad Universal y los compromisos internacionales asumidos por Panamá sobre derechos de las personas con discapacidad. Menciona el proyecto «Fami-Empresas» de SENADIS, dirigido a orientar y capacitar a personas con discapacidad y sus familias para su inserción productiva. Limita la consulta de estos datos a entidades autorizadas y a fines específicos de inclusión laboral y social, bajo medidas de seguridad y privacidad.

El artículo 3-C que se propone añadir exige mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre instituciones públicas y permite la consulta de información pertinente por empresas y entidades autorizadas, con sujeción a reglas de confidencialidad y protección de datos personales. El nuevo artículo 3-D encarga a las instituciones responsables actualizar periódicamente los datos de los beneficiarios y garantizar que sean ciertos, correctos y verificables. El artículo 3-E somete el acceso y manejo de la información a la Ley de Protección de Datos Personales. El artículo 3-F aborda las responsabilidades y sanciones de instituciones y personas que incumplan las obligaciones de registro y actualización. La entrada en vigor se fija para el día siguiente de la promulgación.

El contenido relaciona al RENAB y a SENADIS con las instituciones públicas que conceden beneficios sociales. También podría interesar o afectar a entidades privadas otorgantes, empresas y organizaciones autorizadas, empleadores, personas beneficiarias, personas con discapacidad y sus familias.