Proyecto de Ley 485.

Resumen.

El proyecto propone crear la Reserva de Pesca Responsable en el Corregimiento de Calovébora, provincia de Veraguas, para el manejo sostenible de los recursos marinos y costeros y la promoción de la pesca artesanal y doméstica responsable. Su ámbito comprende toda la franja costera desde Punta Toñito hacia el este hasta el estuario del Río Belencillo. Incluye las desembocaduras y los esteros conectados con el Golfo de los Mosquitos dentro de ese sector, entre ellos Rio Guázaro, Caño Guázaro, Estero Salado y Boca Honda. En esa área, la prioridad para pescar correspondería a los pescadores artesanales o domésticos de Calovébora.

La pesca permitida en la reserva se limitaría a la de pequeña escala o artesanal y la de consumo doméstico mediante cordel y anzuelo de modalidad manual o línea de mano. También se admitiría la pesca deportiva, recreativa y turística con carrete manual o caña de pescar, así como el uso de arpón asistido con liga para capturar peces únicamente mediante apnea o a pulmón. El proyecto prohibiría cualquier otra forma de pesca o aprovechamiento de recursos acuáticos en la reserva. Además, prohibiría la extracción de conchas, corales y peces de arrecife coralino bajo cualquier modalidad.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) administraría la reserva en coordinación con el Ministerio de Ambiente y las organizaciones comunitarias de pescadores de Calovébora, mediante un esquema de co-manejo participativo. La misma autoridad asumiría la vigilancia y el control, con apoyo del Ministerio de Ambiente y del Servicio Aeronaval. También podrían establecerse brigadas comunitarias de vigilancia pesquera.

Las personas que no sean de la zona podrían practicar pesca recreativa y turística si obtienen previamente un Permiso Temporal de Pesca Recreativa de la ARAP o de una embarcación u operador turístico licenciado ante ella, utilizan las artes y modalidades autorizadas y, cuando lo exija el Reglamento de la Reserva, van acompañadas por un guía, pescador o representante de la organización comunitaria local. Deberían respetar los cupos, tallas mínimas, límites de captura y períodos de veda fijados en el Plan de Manejo. La ARAP podría cobrar tarifas por esos permisos para financiar la gestión, el control y proyectos comunitarios. Al menos el 30 % de lo recaudado se destinaría a conservación local y al fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades pesqueras, según el acuerdo de co-manejo. Los permisos a no residentes dependerían de que no afecten el sustento ni el acceso preferente de esas comunidades, conforme al Plan de Manejo.

El proyecto califica como infracciones la pesca fuera de las modalidades autorizadas, durante vedas, con artes prohibidas o sin permiso, y la extracción de coral o conchas. Remite las sanciones a la Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006, sus reglamentos y disposiciones complementarias. La propuesta interesa a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, el Ministerio de Ambiente y el Servicio Aeronaval, así como a las comunidades pesqueras, los operadores turísticos y quienes practican pesca recreativa.