Proyecto de Ley 584.

Resumen.

El proyecto establece que las cuotas de seguridad social derivadas de pagos acumulados o retroactivos de salarios se reconozcan y registren según los períodos efectivamente trabajados. Alcanzaría a las instituciones públicas, los empleadores privados y la Caja de Seguro Social. Define, entre otros términos, empleador, funcionario público, pagos acumulados, prorrateo, reintegro, salarios caídos y vacaciones no disfrutadas oportunamente. Su aplicación se guiaría por el control y la responsabilidad, la igualdad, la no regresividad, la progresividad, la retroactividad en beneficio del trabajador y la transparencia. Estos principios comprenden controles internos, auditorías, corrección de errores, protección de datos personales y publicación de información agregada.

Para los pagos acumulados o retroactivos a funcionarios públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas remitiría a la Caja de Seguro Social información detallada y desglosada de los períodos laborados dentro de treinta días calendario contados desde el pago. La obligación incluiría reintegros, salarios caídos, vacaciones no disfrutadas oportunamente y pagos reconocidos por fallos administrativos o judiciales, cuando la separación del cargo no fuera imputable al funcionario. La Caja de Seguro Social adecuaría sus sistemas y establecería mecanismos de verificación, conciliación y consulta pública para reflejar el tiempo trabajado y corregir errores. Cada institución pública que efectuara pagos acumulados publicaría mensualmente las correcciones y actualizaciones de los registros de cotización en su página web y en el portal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Los empleadores privados también remitirían a la Caja de Seguro Social, dentro de treinta días calendario desde el pago, el desglose de los períodos trabajados cuando pagaran salarios acumulados o retroactivos. La disposición comprende pagos por reintegros, salarios caídos, vacaciones no pagadas oportunamente y fallos judiciales por despidos injustificados; las cuotas se registrarían mediante prorrateo. Su incumplimiento daría lugar a las sanciones previstas en la normativa laboral y de seguridad social vigente. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, junto con cada institución pública, establecería lineamientos técnicos, controles y auditorías. El incumplimiento de la ley propuesta constituiría falta administrativa grave, sancionable con amonestación escrita, multa de quinientos balboas hasta cinco mil balboas o procesos disciplinarios, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal o patrimonial que correspondan.

El proyecto se aplicaría a quienes ingresen a laborar después de su promulgación y retroactivamente hasta veinte (20) años anteriores, exclusivamente en beneficio del trabajador. El Ministerio de Economía y Finanzas, las instituciones públicas y los empleadores privados remitirían de oficio la información de pagos acumulados de ese período, sin gestión del interesado. La corrección no generaría nuevas obligaciones económicas para trabajadores o funcionarios ni afectaría derechos adquiridos. La ley propuesta entraría en vigor desde su promulgación y permanecería vigente hasta que la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Economía y Finanzas implementen plenamente sistemas automatizados; una resolución conjunta con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información certificaría esa condición y se comunicaría a la Asamblea Nacional. El contenido concierne a estas entidades públicas, al sector público empleador, a los empleadores privados y a sus trabajadores.