Proyecto de Ley 456.

Resumen.

El proyecto establece un marco para los hidrantes contra incendios en la República de Panamá. Alcanzaría a proyectos urbanos y rurales, redes de agua, obras públicas e infraestructura de alta afluencia o riesgo, incluidas terminales, puertos, aeropuertos, zonas francas y Panamá Pacífico. También comprende a entidades públicas, operadores de agua, desarrolladores, propietarios, administradores y terceros cuyas actividades afecten los hidrantes. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales administraría, operaría y mantendría los conectados a la red pública; el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá fijaría los criterios técnicos para su diseño, ubicación, recepción y uso en emergencias. Ambas entidades resolverían las discrepancias técnicas en un máximo de quince días hábiles.

El texto define los hidrantes, sus condiciones de acceso, las zonas de seguridad, el mantenimiento, la recepción técnica y el Registro Nacional de Hidrantes. Su interpretación se regiría por principios de coordinación, continuidad operativa, participación ciudadana, planificación urbana, prevención y trazabilidad. Los planes territoriales deberían incorporar criterios de cobertura y riesgo. Cada proyecto sujeto a instalación presentaría un expediente técnico a las autoridades de agua y bomberos. El promotor asumiría el costo y riesgo del diseño, instalación, señalización, prueba y entrega de los hidrantes exigidos.

Los hidrantes conectados a la red pública, o que sirvan a la comunidad fuera del predio, se considerarían infraestructura de uso público sin cambiar la titularidad del suelo. Tras su recepción, los de proyectos nuevos pasarían a la administración del operador público y al Registro Nacional de Hidrantes. Los titulares de predios no podrían restringir ni cobrar su uso operativo. El agua usada en emergencias en predios privados no se facturaría al propietario. Los sistemas privados no conectados conservarían su mantenimiento privado, con servidumbre de uso en emergencias. Los hidrantes privados conectados a la red pública deberían regularizarse en doce meses. Su puesta en servicio requeriría pruebas de flujo y presión, accesibilidad, señalización y georreferenciación.

El proyecto prohíbe estacionar o colocar obstáculos en la zona de seguridad que defina el reglamento. Los gobiernos locales coordinarían la demarcación con las autoridades de agua, bomberos y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Se establecerían una clasificación nacional, códigos de identificación, estados operativos y categorías de capacidad y riesgo. El texto asigna colores y rangos de caudal a las clases AA, A, B y C; prevé señalización vial complementaria, protección contra impactos y reposición inmediata de sellos dañados.

El Registro Nacional de Hidrantes sería público, georreferenciado y de actualización continua. Reuniría ubicación, fotografías, operador responsable, estado, pruebas, mantenimiento, reparaciones y reportes ciudadanos. Cada intervención, prueba o reparación se registraría dentro de cinco días hábiles. El operador público realizaría mantenimiento preventivo y correctivo y pruebas de flujo y presión al menos una vez por año. Las fallas se atenderían según su criticidad; en zonas de alta vulnerabilidad, la reparación o sustitución no excedería de quince días hábiles. Bomberos tendría prioridad absoluta de uso durante emergencias. También se prevén campañas educativas y canales digitales para reportar incidencias.

El reglamento definiría el procedimiento y los montos de las sanciones. Se enumeran infracciones por obstrucción, daños, falta de mantenimiento o reporte, uso no autorizado y omisión de señalización. Las autoridades de agua y tránsito ejercerían las competencias sancionadoras indicadas, y podrían adoptarse medidas de retiro, remoción, precintado y reparación con cargo al infractor. Las disposiciones se interpretarían junto con las demás normas legales y reglamentarias. Se prevé un inventario nacional en doce meses y la reglamentación por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor de 12 meses desde la promulgación. El contenido podría interesar a gobiernos locales, servicios de agua y bomberos, desarrolladores, propietarios, transporte, industria, comercio y usuarios de infraestructura pública.