Anteproyecto de Ley 316.

Resumen.

El anteproyecto propone modificar el artículo 271 del Código Procesal Penal para regular la investigación preliminar iniciada de oficio, por denuncia o por querella. En las investigaciones originadas por denuncia o querella, el Ministerio Público contaría con un término máximo de dieciocho (18) meses desde el inicio de la investigación para concluirla. El Juez de Garantías podría conceder una sola prórroga de hasta seis (6) meses mediante decisión motivada. Para resolverla, valoraría las diligencias realizadas, la complejidad del caso y las actuaciones pendientes o impedidas por causas objetivas. En las investigaciones iniciadas de oficio, el plazo de hasta dieciocho (18) meses se contaría desde el inicio formal. A solicitud motivada del fiscal, el juez podría autorizar prórrogas sucesivas de hasta seis (6) meses cada una, atendiendo a esos mismos factores. La inactividad injustificada del Ministerio Público no daría lugar a prórroga.

La modificación propuesta al artículo 280 regula la formulación de la imputación. Cuando el Ministerio Público considere suficientes las evidencias contra uno o más individuos, solicitaría audiencia ante el Juez de Garantías. En ella, el fiscal comunicaría oralmente a los investigados los delitos determinados por los que se les investiga. La imputación individualizaría al imputado y expondría los hechos relevantes, la calificación jurídica provisional, el grado de participación y los elementos de conocimiento que la sustentan. La defensa podría objetarla o refutarla en la misma audiencia, pedir aclaraciones y solicitar su inadmisión o rechazo. El juez decidiría si la da por presentada o la rechaza, ponderando los principios procesales y constitucionales y la vinculación mínima del investigado con los indicios del delito y sus modalidades. Desde la formulación de la imputación habría vinculación formal al proceso y comenzarían los plazos y efectos legales correspondientes.

El artículo 349 propuesto dispone que el Juez de Garantías dicte un auto de rechazo de acusación o de apertura del juicio oral al terminar la audiencia, si esta no se suspende, o en la nueva fecha que fije dentro de cinco días de recibir los antecedentes del Tribunal de Juicio. Podría rechazar la acusación si incorpora hechos o personas ajenos a la imputación, si carece de una relación precisa y circunstanciada de los hechos punibles y su calificación jurídica conforme a la carpetilla penal, o si los elementos de convicción no vinculan al imputado con el tipo penal acusado. Tras el rechazo, podría dictar sobreseimiento provisional o conceder al Ministerio Público un plazo razonable para corregir y perfeccionar la acusación. El auto de apertura identificaría al tribunal competente, los hechos acreditados según el artículo 343, la acción restaurativa si la hubiera, las pruebas previstas conforme al artículo 346 y los testigos, peritos e intérpretes que deban citarse, con sus direcciones o domicilios salvo reserva conforme al artículo 332.

El texto dispone que la ley propuesta empezaría a regir desde su promulgación. La materia se relaciona con el Ministerio Público, el Tribunal de Juicio, la Asamblea Nacional y la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucional, y podría interesar a investigados, defensas, denunciantes y querellantes en Panamá. El expediente identifica la Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008 como la norma a la que se refieren las modificaciones.