Proyecto de Ley 597.

Resumen.

El proyecto adiciona el artículo 103-A al Código de Trabajo para establecer medidas antidiscriminatorias en el acceso, la permanencia y las condiciones de empleo. Sus disposiciones sobre pruebas de embarazo alcanzarían a las actividades laborales de los sectores público y privado. Prohíbe exigir esas pruebas como requisito obligatorio para acceder al trabajo, permanecer en él, ascender o continuar una actividad laboral. La exigencia se presumiría discriminatoria, aunque el empleador o contratante podría desvirtuar esa presunción si demuestra que la solicitud se fundó exclusivamente en riesgos reales o potenciales para la salud de la trabajadora o del embarazo.

El empleador tendría que dejar constancia expresa de que las evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso no incluyen pruebas de embarazo. Si esas evaluaciones comprenden exámenes de sangre, la candidata podría escoger el centro médico o laboratorio, siempre que esté autorizado por la autoridad sanitaria competente. Durante entrevistas y procesos de selección se prohíben preguntas sobre estado civil, planes reproductivos, intención de embarazo u otras circunstancias vinculadas con la maternidad o paternidad. Tales preguntas se presumirían discriminatorias y quedarían sujetas a las sanciones correspondientes.

También se prohíbe discriminar por sexo, embarazo, maternidad, estado civil o responsabilidades familiares en la contratación, renovación de contratos, estabilidad, ascensos, capacitación y demás condiciones de trabajo. Sin perjuicio de la protección especial de las personas con discapacidad, con VIH o con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, el empleador podría evaluar conocimientos, habilidades, competencias técnicas y condiciones funcionales estrictamente necesarias para el puesto. Las evaluaciones tendrían que relacionarse de forma directa, objetiva y comprobable con sus funciones esenciales; ser razonables, proporcionales y no discriminatorias; y evitar información médica sensible ajena a la aptitud requerida o exclusiones automáticas por discapacidad, salud, diagnóstico o estado serológico. Cuando sea posible, considerarían ajustes razonables compatibles con la seguridad y salud propias y de terceros. Tampoco podrían emplearse para eludir regímenes legales de estabilidad o protección especial.

Las ofertas de empleo remunerado, cualquiera que sea su medio de difusión, no podrían imponer requisitos personales sin vínculo objetivo y razonable con el cargo; deberían fundarse en habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Ante indicios razonables de discriminación, el empleador o contratante tendría que demostrar criterios objetivos, razonables y ajenos a ella. El Ministerio de Trabajo > y Desarrollo Laboral conocería las infracciones, de oficio o por denuncia, e impondría multas de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas (B/. 1,000.00). Comprobada la práctica, la autoridad competente ordenaría medidas de restablecimiento, entre ellas contratación, reintegro, eliminación de la práctica y otras reparaciones pertinentes.

El artículo indicativo señala que el proyecto subroga la Ley No. 11 de 22 de abril de 2005 y dispone su entrada en vigor a los seis meses de la promulgación. Por su contenido, se relaciona con el Ministerio de Trabajo > y Desarrollo Laboral, la autoridad sanitaria competente, los empleadores y contratantes de los sectores público y privado, las personas aspirantes a un empleo y las personas trabajadoras.