Proyecto de Ley 544.

Resumen.

El proyecto establece en la República de Panamá un marco para reducir residuos plásticos mediante prevención, reutilización, reciclaje, valorización y gestión posconsumo. Alcanzaría a quienes fabriquen, importen, distribuyan, comercialicen o utilicen los productos comprendidos, así como a entidades estatales, contratistas y concesionarios. La Autoridad del Canal de Panamá conservaría su régimen especial conforme a la Ley 19 de 1997 y dictaría lineamientos ambientales para sus áreas; las naves en tránsito y sus operaciones directas se sujetarían a la Ley 276 de 2021. El texto añade definiciones técnicas a las de la Ley 187 de 2020, entre ellas biodegradabilidad, compostabilidad, reciclabilidad efectiva, trazabilidad y responsabilidad extendida del productor.

Tras la transición, se prohibirían los artículos convencionales de poliestireno expandido o extruido destinados al servicio de alimentos y bebidas y los que contacten directamente alimentos no preparados en la venta al detalle. Los artículos biodegradables quedarían exceptuados si acreditan su desempeño, obtienen autorización técnica del MICI-DGNTI y, cuando contacten alimentos, aprobación sanitaria del MINSA; además, deberían distinguirse por una tonalidad de crema a café. El proyecto diferencia los envases de contacto directo de los materiales encapsulados y del empaque técnico, industrial o de construcción. Prevé reglas particulares para contenedores térmicos duraderos, usos sanitarios críticos, pesca y acopio en origen, e inspecciones basadas en documentación y riesgo.

El régimen transitorio de cuarenta y ocho (48) meses organiza la preparación técnica, el consumo de inventarios declarados, la sustitución inicial y el cierre progresivo para artículos alimentarios. Permite determinadas importaciones de resinas y operaciones de reconversión sujetas a gestión posconsumo y reportes. Desde el Mes 25 restringe los contenedores alimentarios formados importados o puestos en el mercado, con una excepción para productos conformes; desde el Mes 37 exige especificaciones técnicas y requisitos sanitarios a los artículos de contacto directo. El proyecto prevé un informe de avance al mes 30. También regula el tránsito de buques conforme a MARPOL Anexo V y el suministro de productos alimentarios de poliestireno expandido en puertos.

La admisibilidad técnica se apoyaría en requisitos legales mínimos, especificaciones de DGNTI-COPANIT, un listado de métodos de ensayo y pruebas de conformidad. Para las declaraciones ambientales exige identificar el entorno de degradación, el método y el resultado; excluye las alegaciones basadas en oxo-degradación. Establece un régimen técnico supletorio mientras se emiten o revisan las especificaciones. La autorización para importar resina aditivada requeriría expediente, documentación de conformidad, identificación de bultos y aceptación de controles posteriores; no habilitaría por sí sola la venta del artículo final ni su contacto con alimentos. En la materia específica de biodegradabilidad del poliestireno, las definiciones propuestas prevalecerían frente a las de la Ley 187/2020.

La aditivación en plantas transformadoras dependería de una Declaratoria de Disponibilidad Técnica del MICI-DGNTI. Antes de ella se admitirían pilotos controlados; después, las plantas podrían habilitarse como operadores si documentan dosificación, control de producción, ensayos y balance de masa. El artículo final requeriría ensayo de tipo, acreditación de conformidad y vigilancia anual. El Ministerio de Comercio e Industrias fiscalizaría mediante controles documentales, inspecciones selectivas y coordinación institucional. Las infracciones leves, graves y muy graves darían lugar a amonestaciones, multas, decomiso, suspensión, clausura o inhabilitación, según el caso. Se prevén medidas cautelares, criterios de graduación, procedimiento con defensa y recursos, publicación de sanciones y destino ambiental de las multas. ACODECO aplicaría a las declaraciones ambientales engañosas el régimen sancionador de la Ley 45/2007.

El régimen de responsabilidad extendida obligaría a productores e importadores que realicen la primera puesta en el mercado de los artículos alcanzados. Podrían cumplir mediante un plan individual o un sistema colectivo autorizado, financiado con cuotas y aportes equivalentes verificables. Distribuidores y comercios podrían actuar como puntos de retorno; el sector construcción tendría reglas de devolución de recortes y mermas. Se exigirían información sobre el fin de vida, reportes anuales y trazabilidad. Los sistemas colectivos requerirían registro, auditorías, informes públicos y reglas de gobernanza. El Órgano Ejecutivo reglamentaría el proyecto por medio del Ministerio de Comercio e Industrias. Su contenido podría interesar o afectar a la Autoridad del Canal de Panamá, DGNTI-COPANIT, MICI-DGNTI, MINSA, ACODECO, municipios, productores e importadores de envases y resinas, establecimientos de alimentos, puertos, pesca, servicios sanitarios, gestores de residuos y construcción.