Anteproyecto de Ley 380.

Resumen.

El anteproyecto propone establecer el Sistema Nacional de Evaluación y Mejora de la Calidad de Atención al Ciudadano en Establecimientos de Salud Públicos (SNECA) para medir, monitorear y mejorar la atención a los usuarios en hospitales, policentros y centros de salud del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS). Alcanzaría a todos los establecimientos administrados por ambas instituciones que atiendan directamente al público. Sus principios comprenden el respeto a la dignidad y los derechos del paciente, la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, la mejora continua, la equidad en el acceso y el trato, y la responsabilidad profesional y administrativa. Define la calidad de atención a partir de la conducta profesional y humana de médicos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo, incluidos el respeto, la comunicación, la espera, la resolución de problemas y el seguimiento.

Al finalizar cada visita que genere atención, el establecimiento debería entregar al ciudadano una encuesta breve y estandarizada. Sus preguntas cubrirían el trato humano, la claridad de la información, el tiempo de espera, la percepción general del servicio y la evaluación de los profesionales que intervinieron. La respuesta podría darse por vía electrónica o en formato físico, según la disponibilidad tecnológica del centro. Las encuestas serían anónimas y sus resultados integrarían el SNECA. El sistema utilizaría indicadores de satisfacción por establecimiento y por categoría de funcionario, tiempos promedio de espera y resolución de problemas en la primera visita. El Ministerio de Salud y la CSS publicarían conjuntamente esos indicadores cada año, desglosados por establecimiento.

El texto crea la Comisión Nacional de Calidad de Atención, con representantes del Ministerio de Salud, la CSS, los pacientes y especialistas en gestión hospitalaria. Le asigna la supervisión del SNECA y la elaboración de un informe anual. También prevé reconocimientos públicos y gratificaciones económicas, según el reglamento, para funcionarios y equipos con los puntajes más altos; al otorgarlos, se consideraría la mejoría sostenida respecto del año anterior. Para resultados significativamente inferiores a los estándares mínimos, acompañados de evidencia de incumplimiento de deberes, contempla capacitación obligatoria, supervisión reforzada o suspensión temporal. Estas medidas podrían coexistir con otros procedimientos disciplinarios y sanciones administrativas.

Los resultados consolidados serían públicos en un portal oficial, con apoyo de la AIG (Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental), y mostrarían información por establecimiento y categoría de atención. Cada centro formaría un Comité de Calidad Local con personal y usuarios para examinar los resultados y proponer mejoras. El anteproyecto se fundamenta en los artículos 3, numeral 9, y 47 de la ley 462 de 2025. Encarga al Órgano Ejecutivo dictar el reglamento en un plazo no mayor a 120 días desde la promulgación y dispone la entrada en vigor a los 90 días de la publicación en la Gaceta Oficial. Por su contenido, se relaciona con el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, así como con pacientes, trabajadores de salud y gestores de establecimientos públicos.