Anteproyecto de Ley 397.

Resumen.

El anteproyecto regula el nombramiento de directores regionales, institucionales y médicos en hospitales públicos, centros de salud y establecimientos afines del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social mediante concursos de oposición, méritos y credenciales. Exige igualdad de oportunidades, equidad de género, inclusión y ausencia de discriminación. Para concursar, requiere nacionalidad panameña acreditada con cédula expedida por el Tribunal Electoral, derechos civiles y políticos, título en ciencias de la salud homologado por la Universidad de Panamá y, para profesionales de la medicina, idoneidad del Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud de la República de Panamá. También exige formación en gestión o experiencia, certificación y recertificación conforme a la Ley 43 de 21 de julio de 2004 y la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, especialidad para hospitales especializados, evaluaciones favorables, certificados de salud, prueba de drogas, antecedentes disciplinarios y hoja de vida documentada. Excluye a quienes incumplan los requisitos o entreguen tarde la documentación.

La entidad correspondiente publicaría la convocatoria en la Gaceta Oficial, las sedes indicadas, un diario y los medios digitales institucionales; después se abriría la inscripción. El texto crea la Comisión Regional de Selección y Evaluación, integrada por representantes del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, colegios profesionales, jefaturas médicas y no médicas, y una universidad acreditada. Impide participar en la Comisión Evaluadora a aspirantes y determinados familiares de concursantes. La comisión fijaría su metodología, decidiría por mayoría absoluta, documentaría sus decisiones en actas públicas, verificaría requisitos y seleccionaría preliminarmente a los participantes. Evaluaría méritos, experiencia y competencias, publicaría resultados y efectuaría evaluaciones anuales. El informe preliminar se remitiría al Consejo Directivo del Hospital por conducto de la institución correspondiente.

La valoración comprende nivel académico, ejecutorias y publicaciones, experiencia laboral, entrevista y otros conocimientos o actividades. El puntaje asigna 5% a la evaluación del desempeño, 30% a la entrevista y 65% a las ejecutorias; dispone la custodia de los resultados en sobres cerrados. Cada concursante recibiría notificación escrita de su puntuación y podría solicitar reconsideración ante la comisión y apelar ante el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social. Terminados los trámites, la comisión publicaría los resultados identificados por cédula y remitiría el informe para adjudicar el cargo a quien obtenga el mayor puntaje. Los antecedentes de los aspirantes permanecerían confidenciales. El concurso podría declararse desierto por falta de aspirantes, de participantes elegibles o por retiro de todos ellos; entonces se designaría un director encargado y se convocaría nuevamente. Si el adjudicatario rechaza el cargo, se acudiría al segundo puntaje y se le impediría concursar en esa institución durante cinco (5) años. Los directores o subdirectores médicos en funciones que concursen deberían separarse temporalmente del cargo administrativo.

El nombramiento duraría cinco (5) años y podría prorrogarse una vez, sujeto a evaluación anual. Los directores acreditarían formación continua, recibirían acompañamiento técnico durante el primer año y participarían en el presupuesto. Presentarían informes anuales y un Plan de Salud público, suscribirían un Código de Ética y mantendrían una declaración pública de conflictos de interés. El Órgano Ejecutivo reglamentaría los informes, el código y los indicadores de gestión. La remoción anticipada requeriría procedimiento administrativo con derecho a defensa y alguna de las causales previstas, entre ellas incumplimiento grave de metas, faltas graves, condena, evaluaciones insatisfactorias consecutivas, pérdida de idoneidad o conflictos de interés graves.

El texto propone derogar artículos de la Ley 34 de 5 de abril de 2011, la Ley 33 de 5 de abril de 2011 y la Ley 8 de 15 de marzo de 2012. Los directores previamente nombrados concluirían sus períodos según la normativa de su designación, y los patronatos adaptarían sus reglamentos. Su contenido concierne al Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Comisión Regional de Selección y Evaluación, el Órgano Ejecutivo, los patronatos, los profesionales de la salud y los usuarios de hospitales y centros de salud.