Proyecto de Ley 11.

Resumen.

El proyecto adiciona a la Ley N.O 105 de 1973 un capítulo sobre la transición entre la máxima autoridad saliente y la autoridad electa entrante de cada Junta Comunal. Excluye el proceso cuando la autoridad es reelegida. La transición comprende actos de entrega y recepción y reuniones periódicas coordinadas. Se rige por principios de coordinación, continuidad, gobernabilidad, eficiencia, transparencia, acceso público a la información y rendición de cuentas. La Junta Comunal puede reglamentar el proceso antes de su inicio, con sujeción a esos principios y a la ley.

Participan ambas autoridades, con la colaboración de la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Autoridad Nacional de Descentralización. Pueden intervenir equipos técnicos y delegados identificados y registrados. Si se revoca el mandato de la autoridad electa y se proclama otra, la transición continúa con esta última. El proceso empieza al recibirse el acta de proclamación y termina al cesar la autoridad saliente, con la entrega de un diagnóstico escrito. Una controversia electoral se tramita paralelamente.

Las reuniones son públicas, se anuncian anticipadamente y cuentan con representación de la Junta de Desarrollo Local. Las actas y documentos siguen las normas de registro patrimonial e inventario fijadas por el Ministerio de Economía y Finanzas o la autoridad competente, y se publican en canales digitales de la Junta Comunal o del municipio. La Autoridad de Innovación Gubernamental colabora, cuando se requiera, en el registro y almacenamiento digital. La Contraloría General de la República asiste a sesiones, remite documentación y elabora al inicio un Informe Final de Auditoría sobre finanzas, bienes, personal, obligaciones, contratos, servicios, inversiones y proyectos. Las autoridades pueden pedir una sola vez correcciones motivadas; el informe y sus enmiendas se publican. Las autoridades de transparencia y descentralización emiten conceptos favorables o desfavorables, sujetos al mismo mecanismo de corrección y publicación. Esos informes pueden legitimar a la autoridad entrante para querellarse en representación de la Junta Comunal.

Durante la transición se retiene el 50% del Presupuesto Anual de Operación, descontando la ejecución de proyectos de inversión. La Contraloría General de la República niega el refrendo de desembolsos incompatibles con ese límite o que pongan en peligro la operatividad posterior, salvo una emergencia evidente aprobada por el Consejo Municipal. La autoridad saliente identifica las cuentas bancarias y se prepara el cambio de firma para el primer día de gestión entrante. Dentro de un mes calendado entrega reglamentos, expedientes de personal, inventarios, presupuesto e información sobre servicios, proyectos, solicitudes ciudadanas, contratos y procesos legales. Ambas autoridades preparan y publican un diagnóstico; para el inicio de la nueva gestión se entregan llaves, accesos digitales, caja menuda, bienes y personal.

El proyecto incorpora a la Ley N.O 10'6 de 1973 un título que establece para los municipios un proceso equivalente: participación institucional, publicidad, documentación, auditoría, conceptos, posible querella, retención presupuestaria, cuentas bancarias y entregas. En el ámbito municipal se avisa también a las Juntas Comunales de los corregimientos del distrito, y la auditoría incluye las fuentes de ingreso. La disposición final prevé vigencia desde la promulgación. El contenido interesa a las autoridades municipales y comunales, su personal, proveedores, comunidades y personas que presentan consultas, peticiones o quejas; también asigna funciones al Banco Nacional de Panamá y a las entidades públicas citadas.