Anteproyecto de Ley 453.

Resumen.

El anteproyecto regularía las plataformas que intermedian servicios de entrega, mensajería y transporte selectivo en la República de Panamá, incluidas las operadas por personas nacionales o extranjeras, cualquiera que sea su lugar de constitución. Excluye las plataformas de comercio electrónico que no intermedien servicios personales. Define plataforma digital, operador, trabajador de plataforma digital, usuario y algoritmo de gestión. Presume que la relación entre el trabajador y el operador carece de subordinación jurídica, aunque permite declarar una relación laboral ordinaria cuando concurran los elementos de subordinación del Código de Trabajo. El uso de tecnología o algoritmos, por sí solo, no probaría esa subordinación.

Las plataformas tendrían que registrarse ante la Autoridad de Innovación Gubernamental y obtener una licencia tras acreditar el cumplimiento de requisitos legales, fiscales y de seguridad. Las extranjeras deberían tener un representante legal domiciliado en Panamá. El trabajador de plataforma digital sería una categoría especial de trabajador independiente: podría conectarse y desconectarse libremente, aceptar o rechazar servicios y utilizar varias plataformas. Tendría derecho a información clara sobre tarifas y pagos, atención humana, protección frente a bloqueos arbitrarios, seguro obligatorio e historial de desempeño. Las plataformas informarían sus criterios de asignación y evaluación y las causas de bloqueo. Para bloquear a un trabajador se exigirían notificación previa, oportunidad de descargo y decisión motivada.

Las plataformas garantizarían cobertura por accidentes, cuyos montos mínimos se fijarían por reglamento. Los trabajadores estarían sujetos a afiliación obligatoria a la Caja de Seguro Social. Se crearía el Fondo de Protección Social para Trabajadores de Plataformas Digitales, adscrito al MITRADEl y financiado con el 1 % de las comisiones brutas, para apoyo social, capacitación y cobertura complementaria. Funcionaría como cuenta especial del Tesoro Nacional. Además, las plataformas informarían el precio, el tiempo estimado y los datos del prestador; implementarían verificación biométrica, geolocalización y atención de emergencias; aplicarían las normas nacionales de protección de datos y seguridad digital; y tendrían prohibido discriminar mediante algoritmos. El transporte selectivo seguiría sujeto a la normativa vigente, incluido el Decreto Ejecutivo correspondiente.

En materia tributaria, las plataformas cumplirían el Código Fiscal; sus ingresos generados en Panamá serían renta gravable y deberían recaudar y declarar el impuesto correspondiente, actuar como agentes de retención, pagar una contribución del 0.5% sobre ingresos brutos por comisiones generados en el país, facturar electrónicamente y reportar operaciones periódicamente. El Ministerio de Trabajo y desarrollo laboral, la Autoridad Nacional para la imnovación Gubernamental, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá y la Dirección General de Ingresos fiscalizarían coordinadamente. Los incumplimientos podrían causar multas, suspensión o cancelación de licencia. El Órgano Ejecutivo reglamentaría la ley en 120 días y las plataformas tendrían 6 meses para adecuarse. Su contenido interesaría también a trabajadores, usuarios y operadores de los sectores de entrega, mensajería y transporte selectivo.