Proyecto de Ley 734.

Resumen.

El proyecto propone normas de bienestar integral en el trabajo para promover la salud física y mental, prevenir el estrés laboral y favorecer ambientes saludables. Alcanzaría a empleadores y trabajadores de los sectores público y privado en el territorio nacional, según la naturaleza del trabajo. Define el estrés laboral, las pausas activas, el bienestar y el ambiente laboral saludables, los riesgos psicosociales y las alternativas de descanso. También distingue entre gran empresa, mediana empresa y micro y pequeña empresa según su número de trabajadores.

Establece programas de pausas activas de al menos 10 a 15 minutos por cada dos (2) horas de trabajo continuo, acceso a orientación psicológica preventiva, una política interna de bienestar laboral, evaluación anual de riesgos psicosociales y mobiliario ergonómico con condiciones ambientales adecuadas. Las grandes empresas cumplirían todas estas obligaciones; las medianas cumplirían las cuatro primeras y aplicarían la relativa a ergonomía según sus posibilidades técnicas y presupuestarias, con prioridad para los puestos de mayor riesgo. Las micro y pequeñas empresas cumplirían las tres primeras, mientras se fomentaría el cumplimiento progresivo de las otras mediante apoyo técnico estatal.

Prohíbe mantener a trabajadores de pie por períodos prolongados sin pausas activas o alternativas de descanso. Para funciones como caja y atención al cliente, dispone la posibilidad de trabajar sentado cuando la actividad lo permita. Si la labor exige permanecer de pie, el empleador proporcionaría asientos para períodos de baja actividad y pausas o descansos frecuentes. Reconoce derechos a descansos sin represalias, alternativas frente a la permanencia prolongada de pie, un ambiente saludable, formación en manejo del estrés y protección ante denuncias sobre la salud emocional.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) crearía la certificación «Empresa Saludable» para empresas que cumplan los estándares previstos en el proyecto y su reglamentación. Las certificadas recibirían prioridad técnica o puntaje adicional en licitaciones y contrataciones públicas; el MITRADEL publicaría su registro y les otorgaría reconocimientos físico y digital. La Dirección de Inspección realizaría inspecciones programadas o motivadas por denuncias y podría requerir planes correctivos con plazos específicos antes de sancionar. Se prevén multas proporcionales al tamaño empresarial y la posible suspensión de la certificación por reincidencia.

Los trabajadores podrían denunciar anónimamente mediante una plataforma digital segura y confidencial, con protección contra represalias conforme al Código de Trabajo. El Estado, por medio del MITRADEL y en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), desarrollaría campañas educativas. El Órgano Ejecutivo reglamentaría la propuesta en un período no mayor de seis meses desde su promulgación, y su entrada en vigor se fija a los doce (12) meses de la promulgación. Su contenido interesa a las entidades de trabajo y salud, a las encargadas de contrataciones públicas y a empresas y trabajadores de distintos sectores.