Proyecto de Ley 645.

Resumen.

El proyecto propone integrar en un sistema nacional coordinado los mecanismos de evaluación de la calidad de atención, satisfacción del usuario, seguridad del paciente y gestión de reclamos de los establecimientos públicos de salud. Alcanzaría al Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y las instalaciones públicas que prestan atención sanitaria, entre ellas hospitales, policlínicas, policentros y centros de salud. Fija principios de calidad, humanización, transparencia, participación, rendición de cuentas, seguridad, innovación, mejora continua, protección de datos y eficiencia, y define las categorías de comunicaciones e incidentes que emplea. La integración utilizaría las unidades administrativas existentes, sin crear estructuras permanentes nuevas.

El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social integrarían en la Plataforma Única de Experiencia del Paciente las encuestas, quejas, consultas, sugerencias, reportes de incidentes y eventos adversos, reconocimientos ciudadanos y respuestas institucionales. La plataforma generaría indicadores en tiempo real. Las instalaciones públicas exhibirían códigos QR visibles en urgencias, consulta externa, farmacias, laboratorios, hospitalización y otras áreas de contacto con usuarios. Mediante esos códigos, los pacientes podrían evaluar la atención, comunicarse con la institución y consultar sus reclamaciones; la información ingresaría automáticamente en la plataforma.

El proyecto crea el Índice Nacional de Experiencia del Paciente como indicador oficial de la calidad humana de la atención. Consideraría encuestas, respuestas y resolución de reclamos, reconocimientos, eventos adversos y cumplimiento de los derechos del paciente; sus resultados se publicarían trimestralmente. También dispone una clasificación trimestral de hospitales, policlínicas, policentros y centros de salud mediante un semáforo cuyas categorías serían verde, amarillo y rojo. Un reglamento establecería su metodología. Cada comunicación ciudadana recibiría un número único para seguimiento digital y una respuesta institucional dentro de quince (15) días hábiles.

Un programa permitiría nominar a médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo; las nominaciones integrarían la evaluación institucional del desempeño. Los funcionarios que cumplieran los requisitos de calificación, evaluaciones válidas y ausencia de sanciones podrían recibir un bono anual, sujeto al presupuesto y a la reglamentación. Ante indicadores deficientes durante dos períodos consecutivos, la institución aplicaría capacitación, un plan de mejora, reevaluación y eventual remisión a recursos humanos conforme a la Ley 9 de 1994 y las normas disciplinarias correspondientes.

Las instituciones publicarían trimestralmente clasificaciones, tiempos de respuesta, quejas y satisfacción, además de los resultados del índice y del semáforo en sus portales y en la plataforma. Presentarían un informe anual a la Asamblea Nacional. El tratamiento de información cumpliría la Ley 81 de 2019. El Órgano Ejecutivo reglamentaría la ley dentro de ciento ochenta (180) días calendario y las instituciones dispondrían de doce (12) meses para adecuarse tecnológicamente. El contenido interesaría a usuarios, pacientes, personal sanitario y administrativo, y establecimientos públicos de salud.