Resumen.
El anteproyecto adiciona a la Ley 36 de 5 de agosto de 2016 la tutela reforzada del patrimonio de las personas adultas mayores. La protección integral comprendería la prevención, detección, investigación, sanción y reparación de los actos de abuso financiero o patrimonial cometidos en su perjuicio. También incorpora a esa ley una definición de abuso financiero o patrimonial que abarca acciones u omisiones relativas a bienes, derechos, rentas, pensiones, cuentas bancarias, inversiones y otros activos. Incluye la obtención, transferencia, administración, gravamen, disposición, utilización o control sin consentimiento libre, previo e informado, así como las actuaciones mediante engaño, manipulación, intimidación, presión indebida, abuso de confianza o aprovechamiento de una situación de dependencia, vulnerabilidad o disminución de facultades para comprender o decidir.
El texto adiciona un numeral al artículo 221 del Código Penal, adoptado mediante la Ley 14 de 18 de mayo de 2007, para contemplar su comisión en perjuicio de una persona mayor de sesenta años o con aprovechamiento de su vulnerabilidad. Prevé un aumento de la pena hasta una tercera parte cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente en los grados indicados; cuando exista mandato, poder, tutela, curatela, administración o representación legal otorgada por la víctima; cuando se empleen procedimientos notariales, judiciales o administrativos fraudulentos para restringir su capacidad jurídica; o cuando el hecho recaiga sobre su vivienda principal o bienes que sean su fuente principal de subsistencia.
En el Código Civil, adoptado mediante la Ley No. 2 del 22 de agosto de 1916, propone adicionar al artículo 713 un supuesto referido a personas adultas mayores de sesenta años con incapacidad mental y cognitiva certificada por un especialista o personal idóneo. Añade al artículo 1114 un supuesto para quienes no cuenten con capacidad mental, social, patrimonial y jurídica, y al artículo 1141 otro relativo a actos ejercidos o contraídos por quienes carezcan de capacidad mental, cognitiva, social, patrimonial y jurídica para esos efectos.
Para los actos, contratos, declaraciones y documentos susceptibles de notarización o legalización relacionados con la disposición patrimonial de personas mayores de sesenta años, la adición al artículo 1715 del Código Civil exigiría al Notario Público verificar personalmente la identidad y capacidad de comprensión del otorgante, comprobar su consentimiento libre e informado, dejar constancia en el instrumento público y adoptar medidas razonables para detectar manipulación, coacción o abuso financiero. También exigiría conservar un registro audiovisual de los actos de disposición patrimonial cuyo valor exceda diez mil balboas (B/. 10,000.00), conforme a la reglamentación. El texto identifica las reformas a la Ley No. 36 de 5 de agosto de 2016, al Código Penal de Panamá y al Código Civil de Panamá, y dispone su vigencia desde la promulgación. Su contenido concierne a las notarías y a quienes intervienen en asuntos penales, civiles, bancarios, de pensiones y de administración patrimonial de personas adultas mayores.
Qué propone.
- Protección patrimonial de las personas adultas mayores.
- Abuso financiero o patrimonial en perjuicio de personas adultas mayores.
- Supuestos penales y civiles relativos a personas mayores de sesenta años.
- Verificación notarial de actos de disposición patrimonial.
A quién afectaría.
- Personas adultas mayores y personas mayores de sesenta años en los supuestos previstos.
- Quienes obtengan, administren, utilicen o dispongan de sus activos.
- Notarios Públicos que intervengan en documentos de disposición patrimonial.
Puntos clave.
- Amplía la protección integral para incluir la tutela patrimonial reforzada y la prevención, detección, investigación, sanción y reparación del abuso financiero o patrimonial.Art. 1
- Define el abuso financiero o patrimonial por las actuaciones sobre activos sin consentimiento libre, previo e informado o mediante las conductas y circunstancias descritas.Art. 2
- Añade al artículo 221 del Código Penal un supuesto relativo a personas mayores de sesenta años y prevé el aumento de la pena hasta una tercera parte en las circunstancias señaladas.Art. 3
- Añade al artículo 713 del Código Civil un supuesto de incapacidad mental y cognitiva certificada de personas mayores de sesenta años.Art. 4
- Incorpora a los artículos 1114 y 1141 del Código Civil supuestos relativos a la capacidad de personas mayores de sesenta años.Arts. 5-6
- Exige verificaciones personales y constancia documental al Notario Público, además de un registro audiovisual para los actos de disposición patrimonial que excedan diez mil balboas (B/. 10,000.00).Art. 7
- Identifica las normas modificadas y adicionadas y dispone la entrada en vigor desde la promulgación.Arts. 8-9