Anteproyecto de Ley 93.

Resumen.

El anteproyecto propone elevar el IDAAN a Autoridad Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ANAPS), entidad autónoma de competencia nacional, con patrimonio y fondos propios que no podría privatizarse. Define los servicios de abastecimiento, alcantarillado y saneamiento, así como las comunidades rurales, los usuarios y las unidades operativas. Declara que el agua pertenece al Estado, da prioridad al consumo humano y prohíbe su enajenación. Atribuye a la Autoridad la prestación de los servicios fuera de las comunidades rurales y le transfiere las funciones conferidas al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales por la Ley 77 de 2001. El Órgano Ejecutivo dictaría la política sectorial.

La Junta Directiva fijaría las políticas institucionales y las tarifas, sujetas a la verificación metodológica de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). El texto regula su integración, los requisitos e incompatibilidades de los directores y sus decisiones. Le asigna la aprobación de reglamentos, presupuestos, créditos y acuerdos de desempeño. Estos acuerdos se basarían en planes de negocios, expansión y financiamiento; ASEP evaluaría sus metas y publicaría resultados. La Oficina Central de La Autoridad dirigiría inversiones y supervisaría la prestación. El Administrador representaría legalmente a la entidad y ejecutaría las decisiones de la Junta Directiva. Las gerencias regionales prestarían los servicios en sus territorios. La Unidad Rural de Agua Potable y Saneamiento asistiría a prestadores rurales, prepararía normas técnicas y coordinaría inversiones en comunidades rurales. La Unidad de Fiscalización realizaría auditorías e investigaciones e informaría directamente a la Junta Directiva.

El patrimonio de la nueva entidad comprendería bienes, derechos, ingresos y pasivos registrados del IDAAN, además de los recursos que adquiriera. Se disponen inventarios, planificación financiera y un presupuesto separado del Presupuesto General del Estado, sometido al Consejo de Gabinete y a la Asamblea Nacional. La Contraloría General de la República efectuaría auditoría posterior. Se prevén exenciones tributarias con excepciones, límites al uso de los fondos y a las garantías estatales, y préstamos autorizados para emergencias o inversiones. La Autoridad podría contratar obras, bienes y servicios conforme a reglamentos propios y acudir a asociaciones público privadas para determinados proyectos de suministro.

El Fondo de Apoyo al Sector de Agua Potable y Saneamiento financiaría déficits operativos, reducción de tarifas, reorganización, inversiones y subsidios para familias consideradas casos sociales. Lo constituiría como fideicomiso el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Banco Nacional de Panamá como fiduciario. Recibiría asignaciones presupuestarias, aportes vinculados a excedentes de la Autoridad del Canal de Panamá mencionados en la Ley 19 de 1997, y donaciones. El fiduciario rendiría informes y publicaría sus operaciones; determinados directivos tendrían prohibido contratar respecto del patrimonio fiduciario.

Para el personal, se propone un régimen laboral especial basado en méritos, con concursos, evaluación, capacitación, seguridad ocupacional, quejas e impugnaciones. El texto excluye la aplicación general del Código de Trabajo, el Código Administrativo y la Ley 9 de 1994 en los términos que señala, y remite a la Constitución Política de la República de Panamá, la Ley de Carrera Administrativa como fuente supletoria y los acuerdos vigentes. Regula estabilidad, indemnización, disciplina, conducta, relaciones con las organizaciones de trabajadores y prácticas laborales desleales.

Las tarifas cubrirían costos definidos mediante metodología de ASEP. Su modificación incluiría consulta escrita y audiencia pública anunciada en la Gaceta Oficial. La facturación se basaría en consumo medido. Se establecen obligaciones de conexión para inmuebles servidos, aprobación de planos y traspaso de sistemas de proyectos urbanísticos, pago por las entidades públicas y reglas para subsidios a comunidades de escasos recursos. La Autoridad aprobaría y supervisaría nuevas instalaciones; el Registro Público exigiría paz y salvo en las áreas atendidas. Los clientes pagarían el medidor y su instalación, con una excepción para familias consideradas casos sociales.

El contenido podría interesar a usuarios residenciales, comunidades rurales, trabajadores, promotores urbanísticos, contratistas y sectores comerciales e industriales. También asigna funciones o actuaciones al Ministerio de Desarrollo Social, el Tesoro Nacional, el Gobierno Nacional, el Cuerpo de Bomberos y las entidades públicas ya mencionadas, en el ámbito de la República de Panamá.