Proyecto de Ley 727.

Resumen.

El proyecto propone promover el desarrollo, la gestión y el mantenimiento de bosques corregimentales en la República de Panamá. Los define como terrenos de dominio público, con una extensión mínima de dos hectáreas, destinados o cedidos por el Estado para conservar la biodiversidad, restaurar y regenerar ecosistemas, impartir educación ambiental y desarrollar ecoturismo, agroturismo y recreación en beneficio de la comunidad. Su aplicación se orientaría por la sostenibilidad, la participación ciudadana, la educación ambiental, el acceso equitativo a sus beneficios y la cooperación entre instituciones y otros actores.

Para declarar un terreno como bosque corregimental, el proyecto exige que sea propiedad del Estado, tenga valor de conservación o potencial de restauración y ofrezca condiciones para programas educativos, turísticos y recreativos. También requiere un Estudio de Impacto Ambiental elaborado por un profesional idóneo y aprobado por el Ministerio de Ambiente, inscripción en la Alcaldía del distrito correspondiente y un Plan de Manejo Ambiental elaborado por un profesional idóneo. Ese plan debe diagnosticar la biodiversidad e incluir acciones de conservación, regeneración y actividades educativas, recreativas y de ecoturismo. Además, debe incorporar medidas de mitigación, conservación, restauración y preservación conforme a la Ley 41 de 1998.

Las obras, infraestructuras o actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental cumplirían la Ley 41 de 1998 y el Decreto Ejecutivo No. 123 de 2009, así como el procedimiento y las condiciones que determine el Ministerio de Ambiente. El ecoturismo seguiría las normas turísticas aplicables y una guía de buenas prácticas conforme a los lineamientos de la Autoridad de Turismo de Panamá. La entidad pública propietaria comunicaría la declaratoria al ministerio, al municipio y a la junta comunal para la inscripción en el Registro de Bosques Corregimentales y el seguimiento coordinado. El proyecto dispone mecanismos permanentes de coordinación e intercambio de información.

El apoyo a la gestión incluiría al Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Ministerio de Gobierno y las Gobernaciones Provinciales, junto con gobiernos locales y otros actores. Se permitirían actividades de conservación, restauración, educación, turismo sostenible, investigación, recreación de bajo impacto y eventos culturales compatibles con los objetivos del bosque. Se prohibirían la caza, pesca y recolección no autorizadas, la tala ilegal, la destrucción de ecosistemas y las actividades contrarias a la integridad ambiental o ajenas al plan aprobado.

El Ministerio de Ambiente promovería incentivos no fiscales para los bosques certificados, entre ellos reconocimiento, asistencia técnica, acceso prioritario a cooperación y posibles donaciones; estos podrían declararse patrimonio forestal comunitario. El financiamiento podría proceder de cooperación, donaciones, ingresos por actividades y aportes privados. La reglamentación se prevé a más tardar a los noventa días de la promulgación y la entrada en vigor al año siguiente de su promulgación en Gaceta Oficial. El contenido podría interesar a municipios, juntas comunales, comunidades, organizaciones ambientales, centros de investigación, universidades y sectores turísticos y agropecuarios.