Proyecto de Ley 703.

Resumen.

El proyecto establece garantías mínimas de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas sobre el dinero y los bienes susceptibles de valoración económica obtenidos en actividades con participación directa o indirecta de estudiantes de centros educativos oficiales del primer y segundo nivel de enseñanza de la República de Panamá. Define las actividades escolares de recaudación y autogestión, los recursos generados, las actividades pedagógicas, la trazabilidad, la rendición de cuentas y la comunidad escolar. Comprende, entre otras, campañas de reciclaje, recolección de materiales, ferias, ventas, actividades culturales, recreativas o ambientales y colectas. Su aplicación se rige por principios que incluyen voluntariedad, igualdad, finalidad educativa y protección del interés superior de niños, niñas y adolescentes.

El texto prohíbe condicionar calificaciones, evaluaciones, reconocimientos, promociones o beneficios académicos a la entrega de dinero, materiales u otros bienes. Si la recolección o reutilización de materiales integra un proyecto pedagógico, la evaluación debe basarse en los aprendizajes y resultados educativos demostrados, y no en el valor o cantidad aportada. La participación en actividades destinadas principalmente a recaudar fondos es voluntaria; negarse a participar o aportar no puede ocasionar sanciones, exclusión, discriminación ni consecuencias académicas o disciplinarias. Antes de cada actividad, el centro debe informar su naturaleza, finalidad, destino previsto de los recursos y responsable de administrarlos. La recaudación requiere que ese destino esté definido previamente.

Los recursos deben beneficiar a los estudiantes, al proceso educativo o al funcionamiento, mantenimiento, equipamiento o mejoramiento del centro, conforme a la finalidad informada. Se prohíbe destinarlos al beneficio económico o personal de docentes, directivos, administrativos o terceros, así como a actividades recreativas exclusivas para el personal. Se permite destinarlos a capacitación o formación institucional autorizada y vinculada al servicio educativo cuando la normativa aplicable lo admita. Cada centro debe registrar lo obtenido, los ingresos por venta o aprovechamiento, los gastos, el destino y el saldo; en la venta de materiales debe constar la cantidad entregada y el valor recibido. Los resultados de cada actividad deben comunicarse a la comunidad escolar por medios accesibles.

El Ministerio de Educación, mediante sus Direcciones Regionales, supervisaría el cumplimiento y recibiría, investigaría y resolvería denuncias sin represalias académicas para los estudiantes. El proyecto enumera incumplimientos relacionados con presiones para participar, falta de registros, desvío de recursos, ocultamiento de información y represalias. Previo debido proceso, el Ministerio de Educación impondría medidas según la gravedad y reincidencia, incluidas amonestación escrita y suspensión; remitiría a la autoridad competente los hechos que pudieran generar responsabilidad civil, penal o patrimonial. Las garantías propuestas convivirían con las normas especiales sobre fondos públicos, autogestión y asociaciones de padres de familia. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, reglamentaría los procedimientos dentro de los seis meses siguientes a la promulgación; la ley propuesta comenzaría a regir a los seis meses de su promulgación. Su contenido interesa a las comunidades escolares, las asociaciones de padres de familia y los centros educativos oficiales.