Proyecto de Ley 709.

Resumen.

El proyecto establece un escalafón salarial para los profesionales de Ciencia y Tecnología de Alimentos que trabajan en instituciones públicas, entidades autónomas, semiautónomas y municipales, así como en organizaciones que prestan servicios al Estado. Plantea desarrollar perfiles ocupacionales conforme a las funciones previstas en la Ley 46 de 24 de junio de 2015. Define las categorías por años de servicio, los niveles por preparación académica y la escala e índice salariales según los cargos administrativos y académicos. También define los alimentos, la tecnología, las jefaturas y los perfiles, y enuncia principios para la aplicación del escalafón.

El texto reconoce a estos profesionales como personal de salud y los asigna funcionalmente a la Dirección de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria. Encarga a la Oficina de Organización y Desarrollo Institucional regular el desarrollo de sus funciones y su operatividad, y dispone crear el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos dentro de esa Dirección. El escalafón comprende los niveles de técnico universitario, licenciatura, postgrado o especialidad, maestría y doctorado. Incluye jefaturas inicial de departamento, de institución, regional y nacional. El nivel técnico exige un diploma universitario obtenido tras tres (3) o más años de estudio e idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud. Para el nivel de licenciatura contempla títulos e idoneidades expedidos por ese Consejo o por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, según la profesión. Los perfiles se ajustan a la Ley 46 de 24 de junio de 2015 y a las necesidades de la institución empleadora.

Los niveles de postgrado, maestría y doctorado requieren el título correspondiente, idoneidad para ejercer ese grado expedida por el Consejo Técnico de Salud Pública y ejercicio de la formación en el campo o área de trabajo. Para la reclasificación, el Comité de Ciencia y Tecnología de Alimentos emite una constancia sobre la pertenencia del profesional al colegio profesional y el aval de su título. El Ministerio de Salud y ese colegio revisan la escala salarial cada tres años según la responsabilidad del cargo, el nivel académico, el costo de la vida y los años de servicio; las mejoras acordadas se hacen efectivas mediante resolución. Las categorías toman como referencia el acuerdo del 13 de octubre de 2015 entre el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de Salud, sus adendas o el acuerdo que lo actualice.

Cada jefatura exige 5 años de servicio en los niveles académicos indicados para ella, además de conocimientos y experiencia; las jefaturas inicial, de institución y nacional también exigen competencia académica. Quienes ya ejerzan una jefatura al entrar en vigor la propuesta se contabilizan como Jefatura Inicial, y el Comité de Ciencia y Tecnología de Alimentos y el Ministerio de Economía y Finanzas acuerdan la escala salarial. Las vacantes de jefatura se someten a concurso. El Ministerio de Salud, por medio del Comité de Ciencias y Tecnologías de Alimentos, reglamenta la evaluación de aspirantes inscritos en el registro de la Subdirección de Control e Inocuidad de Alimentos.

El proyecto adiciona disposiciones a la Ley 46 de 24 de junio de 2015 para reconocer a titulados en disciplinas afines que acrediten formación curricular alimentaria y un título superior en las especialidades indicadas. Ajusta los requisitos de titulación para obtener la idoneidad y exige presentar los créditos del título superior para su verificación por el Comité de la Ciencia y Tecnología de Alimentos. Quienes ya posean ese título disponen de doce (12) meses desde la entrada en vigor para solicitar la idoneidad ante el Consejo Técnico de Salud o la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura, según su título base.

Declara el 7 de junio día nacional de la profesión, vinculado con la Resolución 73/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dispone reconocimientos y actividades de inocuidad y seguridad alimentaria, coordinadas por el Ministerio de Salud y universidades estatales; permite la participación de empresas y organizaciones, y exige a los medios divulgar las actividades. Prevé su vigencia al día siguiente de la promulgación. El contenido podría interesar a entidades sanitarias y empleadoras públicas, universidades, profesionales, empresas alimentarias, organizaciones sociales y medios de comunicación.