Proyecto de Ley 742.

Resumen.

El proyecto adiciona al Código Procesal Penal un principio de prevalencia de la solución del conflicto. Cuando se cumplan los requisitos legales y constitucionales, las autoridades judiciales deberán privilegiar los mecanismos previstos en ese Código frente a la continuación innecesaria del proceso. Estos mecanismos y las formas consensuadas de terminación anticipada podrán promoverse durante cualquier etapa, hasta antes de que el Tribunal de Juicio declare abierto el debate. Las autoridades judiciales y el Ministerio Público deberán aplicar sus reglas de modo que favorezcan la solución del conflicto, la paz social, la economía procesal y el uso racional de los recursos judiciales.

Para el desistimiento de la pretensión punitiva, el proyecto fija ese mismo límite temporal y enumera los delitos en que procede. Comprende homicidio culposo, lesiones personales y culposas; delitos patrimoniales como hurto, apropiación indebida, estafa, usurpación y daños; incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la víctima sea mayor de edad; determinados delitos relativos a cuotas, propiedad intelectual, honor, domicilio, secreto y documentos particulares. El desistimiento se presentaría ante el Juez de Garantías en investigación o fase intermedia, y ante el Tribunal de Juicio durante el juicio oral antes del debate. La autoridad resolvería en audiencia oral, con participación de las partes, mediante resolución irrecurrible. Si lo admite, aprobaría el acuerdo y declararía extinguida la acción penal; si lo rechaza, continuaría el procedimiento.

En los delitos que admiten desistimiento, el Ministerio Público promovería la conciliación entre víctima e imputado en el centro elegido por las partes. Mientras esta se adelanta, el proceso quedaría suspendido condicionalmente por un máximo de un mes. La acción penal solo se extinguiría al cumplirse las obligaciones del acta; el incumplimiento permitiría reanudarla y el cumplimiento daría al acuerdo efecto de cosa juzgada. Las partes podrían solicitar la derivación del conflicto al Fiscal, al Juez de Garantías o al Tribunal de Juicio, según la etapa, para acudir a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos del Órgano Judicial o del Ministerio Público, o a centros privados de mediación legalmente reconocidos. La autoridad evaluaría si el conflicto admite acuerdo, remitiría la petición mediante un Protocolo de Atención e informaría a las partes de sus derechos y garantías. Para la mediación, se prevé una suspensión de hasta un mes, prorrogable a petición de las partes hasta por un mes más para incorporar criterios objetivos de cuantificación del resarcimiento. Después se ordenaría el archivo, salvo solicitud de reactivación por incumplimiento; la suspensión también detendría el plazo de prescripción, que se reanudaría por el tiempo restante.

El imputado, por medio de su defensor técnico, podría solicitar la suspensión condicional del proceso si el delito admite la suspensión condicional de la ejecución de la pena conforme al Código Penal, admite los hechos y conviene reparar los daños. El Juez de Garantías o el Tribunal de Juicio podría imponer condiciones aun sin acuerdo total con la víctima. Desde la audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público y el imputado podrían pactar la aceptación de hechos y pena, o una colaboración eficaz. El acuerdo se sometería al control judicial; si se aprueba, sus efectos podrían incluir sentencia, rebaja de pena o ausencia de cargos, según el supuesto. Si el imputado debe declarar como testigo principal de cargo, la ausencia de cargos quedaría pendiente de ese testimonio.

Antes de abrir el juicio, el Tribunal de Juicio consultaría sobre soluciones alternativas y podría suspender la audiencia hasta por treinta (30) días hábiles para facilitar conversaciones. El proyecto dispone su entrada en vigor el día siguiente al de su promulgación y permite aplicar sus mecanismos y plazos a procesos en trámite cuyo debate no se haya abierto, conservando la eficacia de las actuaciones ya cumplidas. Por sus funciones y referencias normativas, el contenido se relaciona con el Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Tribunal de Juicio, el Código Procesal Penal y el Código Penal, y podría interesar a víctimas, imputados, defensores y centros de mediación.