Proyecto de Ley 722.

Resumen.

El proyecto crea un marco para otorgar y mantener la calificación de Laboratorio de Interés Nacional a asociaciones de interés público dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. La calificación reconoce su excelencia, rendimiento y contribución a problemas de interés nacional, y les permite acceder a los beneficios previstos. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación (SENACYT) coordinaría convocatorias públicas por mérito. Las solicitantes tendrían que acreditar su reconocimiento como asociaciones de interés público, presentar un plan estratégico quinquenal y uno de gestión de recursos humanos, colaborar con universidades nacionales —incluida al menos una pública— y demostrar los porcentajes exigidos de personal de investigación y miembros del Sistema Nacional de Investigación. También deberían acreditar sus resultados y la selección del director mediante concurso internacional.

Evaluadores pares externos internacionales realizarían la evaluación inicial bajo coordinación de SENACYT. La Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación (CONACYT) podría otorgar, rechazar o condicionar la calificación a mejoras y una nueva evaluación. SENACYT coordinaría evaluaciones de cumplimiento cada tres años, tras las cuales CONACYT decidiría sobre su conservación o retiro, o sobre su mantenimiento sujeto a recomendaciones. Las evaluaciones, decisiones e informes anuales serían públicos. Estos informes incluirían resultados científicos, formación de personal, pertinencia nacional, comparación de competencias y estados financieros auditados. SENACYT daría seguimiento y remitiría informes periódicos al Consejo Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación (CICYT), a CONACYT y a su Junta Directiva. Las asociaciones publicarían además sus publicaciones, productos de innovación, personal, equipos e infraestructura disponible para terceros. Tendrían que demostrar el destino del 75% de los fondos públicos a investigación y desarrollo, y del 25% restante a actividades relacionadas y justificadas.

La selección y retención del personal investigador se basaría principalmente en el mérito, valorado mediante resultados científicos, tecnológicos y de formación, entre otros criterios. Cada asociación calificada mantendría un programa de reconocimiento al mérito, remuneraciones competitivas, evaluaciones anuales de sus colaboradores y rendición de cuentas ante su Junta Directiva. También asignaría recursos para la movilidad nacional e internacional del personal, vinculando el apoyo a sus objetivos y desempeño.

En materia de beneficios, CICYT recomendaría medidas de financiamiento durante la preparación del presupuesto general del Estado. SENACYT y otras instituciones públicas establecerían incentivos según el desempeño; su presupuesto se incorporaría al presupuesto de inversión de SENACYT y los fondos también podrían proceder de instituciones públicas o privadas, con las aprobaciones exigidas. Las asociaciones podrían acompañar la sustentación presupuestaria ante CICYT y el Ministerio de Economía y Finanzas. Sus directores presentarían informes anuales de desempeño; las asociaciones realizarían comparaciones de competencias con instituciones internacionales cada tres años, publicarían informes técnicos sobre la situación nacional al menos cada dos años y capacitarían personal. Facilitarían el uso razonable de equipos e infraestructura a investigadores externos, con cobros sin finalidad de lucro vinculados a sus costos, y podrían establecer colaboraciones científicas conforme a sus reglamentos. También apoyarían a grupos de investigación e instituciones de educación superior, especialmente públicas.

CONACYT podría revocar motivadamente la calificación por desempeño insuficiente. La revocatoria de la personería jurídica por el Ministerio de Gobierno produciría automáticamente el retiro de la calificación; el proyecto regula el intercambio de información entre ese ministerio y SENACYT y remite a los artículos 21 y 22 de la Ley 39 de 2018. SENACYT publicaría una guía de solicitud y evaluación aprobada por CONACYT. El contenido se relaciona con la República de Panamá, sus entidades de ciencia y presupuesto, las universidades, los investigadores y las asociaciones de interés público vinculadas a investigación e innovación.