Proyecto de Ley 556.

Resumen.

El proyecto establece un régimen para prevenir prácticas monopólicas, oligopólicas y abusos de posición dominante en las telecomunicaciones, proteger a los consumidores y promover servicios de calidad a precios justos. Alcanzaría a concesionarios, operadores, proveedores y prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, empresas vinculadas con mercados relevantes del sector, operaciones de concentración e infraestructura esencial en el territorio nacional. Define, entre otros conceptos, el mercado relevante, la concentración económica, el operador dominante, la regulación asimétrica y la separación funcional. Su aplicación se sujetaría a principios de competencia efectiva, intervención mínima, proporcionalidad, protección del usuario, seguridad jurídica y decisiones técnicamente fundamentadas. Declara de interés público nacional el acceso universal, continuo, eficiente y a precio razonable a estos servicios.

Los operadores declarados con poder significativo de mercado podrían quedar sujetos a regulación tarifaria temporal, compartición de infraestructura, acceso no discriminatorio a redes esenciales, mayor transparencia contractual y separación funcional. Quienes controlen infraestructura esencial tendrían que permitir el acceso de otros operadores bajo las reglas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Una participación igual o superior al cuarenta por ciento (40%) de suscriptores o ingresos brutos en un mercado relevante daría lugar a una presunción de poder significativo, sometida a evaluación técnica y derecho de defensa. Las concentraciones superiores al 25% requerirían autorización previa de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. La primera realizaría cada dos años un estudio público de competencia.

Ante una falta efectiva de competencia, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podría imponer temporalmente topes tarifarios, reducciones de tarifas o planes sociales obligatorios. Un índice nacional mediría velocidad real frente a la contratada, estabilidad, cobertura y respuesta a fallas; sus resultados serían públicos y vinculantes. El incumplimiento de la calidad mínima garantizada daría lugar a un descuento automático en la siguiente factura. Se prohibirían cláusulas ambiguas o desproporcionadas de «uso justo», se exigirían contratos claros y se permitiría cambiar de operador sin penalidad por incumplimiento comprobado de calidad. Los operadores publicarían mensualmente indicadores de servicio y reclamos. El Estado podría establecer incentivos para nuevos operadores.

Las prácticas anticompetitivas se sancionarían con multas de hasta el 10% de los ingresos brutos anuales. El proyecto identifica infracciones muy graves, criterios para graduar multas y medidas cautelares durante la investigación. En casos graves y reiterados, con debido proceso, podrían ordenarse separación funcional, desinversión proporcional o revocatoria parcial de concesión. Las investigaciones por abuso de posición dominante tendrían trámite preferente y un plazo máximo de seis meses, con acceso al expediente, pruebas, audiencia pública y reconsideración. El Órgano Ejecutivo reglamentaría la ley en un plazo no mayor a seis meses desde su promulgación, momento en que entraría en vigor. El contenido concierne a las autoridades citadas, los operadores de telecomunicaciones, sus competidores y los usuarios.