Entre julio de 2025 y julio de 2026 el Estado panameño adoptó dos estrategias nacionales en materia tecnológica: una de semiconductores y otra de inteligencia artificial. En paralelo, tres organismos internacionales publicaron evaluaciones sobre la preparación del país. Leímos los dieciocho documentos (1.288 páginas de seis organismos emisores) y registramos qué contienen.
Este texto no evalúa la política tecnológica panameña. Registra qué dicen los documentos que la componen: qué instrumentos existen, qué entidad ejecuta cada uno, qué acciones constan cumplidas y cuáles siguen pendientes a la fecha de corte, el 31 de julio de 2026.
Cada una procede de un documento identificable, con su página:
Uno. La expresión «Asamblea Nacional» no aparece en las 36 páginas de la Estrategia Nacional de Semiconductores. El diseño institucional que el documento describe es enteramente ejecutivo.
Dos. El Decreto Ejecutivo 7 de 2024 encarga a la Comisión Interinstitucional de Semiconductores presentar un proyecto de ley que contemple crédito fiscal del 30 % en investigación y desarrollo, régimen migratorio especial y un Fondo Nacional. A la fecha de corte, la base de proyectos de la Asamblea no registra ninguno presentado sobre esa materia.
Tres. Ninguna de las dos estrategias fue adoptada por ley: ambas se sostienen en decretos. El BID recomienda expresamente «separar la estrategia del ciclo político».
Cuatro. Ninguna de las dos fija metas cuantificadas ni costeo. La de semiconductores no establece una sola meta panameña con fecha.
Cinco. Entre 2024 y 2026 se presentaron tres proyectos de ley sobre inteligencia artificial. Dos fueron negados y uno se encuentra en segundo debate. Los tres fueron enrutados a la misma comisión.
Seis. Ni la Estrategia ni el informe de la OCDE cuantifican cuánta agua ni cuántos megavatios requiere la industria de semiconductores en Panamá.
Siete. Consultado sobre qué apoyo necesita para acelerar su adopción de inteligencia artificial, el sector privado latinoamericano responde mayoritariamente reglas y formación: 39 % pide directrices y estándares más claros, otro 39 % formación y capacidades, y un 13 % incentivos financieros o subsidios. La encuesta cubrió 129 empresas entre agosto y octubre de 2025 (Foro Económico Mundial y McKinsey, enero de 2026, figura 12, p. 22).
Ocho. El BID recomienda no crear autoridades nuevas, construir sobre las existentes y empezar por lo aplicable: sostiene que un marco que exceda la capacidad institucional de supervisión resulta inaplicable.
Once lectores trabajaron en paralelo sobre las 1.288 páginas, cada uno con la instrucción de citar página por cifra y de declarar explícitamente lo que la fuente no dice. Los vacíos así detectados son parte del registro, en igualdad de condiciones con los datos presentes.
Ninguna cifra tomada de una fuente secundaria se dio por buena sin ver el original. El caso que lo justifica: una fuente secundaria sitúa el umbral de la categoría «Explorador» del ILIA en 40 puntos, lo que colocaría a Panamá dentro de ella con sus 38,95. El índice original fija ese umbral en 35, de modo que la clasificación que corresponde es Adoptante. La diferencia sólo aparece yendo al documento primario.
Una afirmación del tipo «este dato no existe» o «este enlace está roto» se vuelve a comprobar el día de la publicación, y la fecha de esa comprobación se escribe en el texto.
Lo anterior es el resumen. El registro completo, con 56 páginas, los dieciocho documentos, cada cifra con su fuente y su página y las verificaciones que quedaron abiertas, es el informe TC-AL-2026-001, disponible en la plataforma.
Los seis capítulos de la serie